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En la lista de espiados se encuentran dirigentes, funcionarios, empresarios y se habla también de periodistas. Se han echado a rodar nombres que fueron confirmados, como el caso del gobernador Gustavo Bordet; su antecesor Sergio Urribarri; la vicegobernadora Laura Stratta; el senador oficialista Edgardo Kueider; el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell; y ex ministros de Mauricio Macri, como Rogelio Frigerio y Luis Miguel Etchevehere. La diputada justicialista, Blanca Osuna, presentó un proyecto de declaración por el cual expresa “su más enérgico repudio a la utilización del sistema de alertas de la Dirección Nacional de Migraciones para la realización de acciones de espionaje ilegal y tareas de inteligencia sin intervención judicial, que fueren llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior, durante la gestión del ex Presidente Mauricio Macri”. El caso que motivó el proyecto de Osuna hace hincapié en “las operaciones que fueron ejecutadas bajo la directa responsabilidad de quien se desempeñó como ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, entre los años 2015 y 2019. Estando a cargo de dicha cartera, se encargó de desvirtuar el objeto institucional y el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones, disponiendo el uso de su base de registros migratorios para el seguimiento ilegal de 58.169 personas, seguramente al amparo de una concepción integral del estado que en dicho período de gobierno fue una práctica común”. La legisladora de Paraná lo encuadró en las diversas investigaciones que se vienen efectuando sobre “este modo de actuar de la gestión macrista” y puso como ejemplo la causa a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, sobre el denominado Proyecto AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes, desde mediados del año 2016.

Se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, “que incluía a ex comisarios bonaerenses y agentes de inteligencia y que tendría como propósito la realización de maniobras extorsivas y coactivas con el fin de obtener réditos económicos de forma ilegítima o procurar que las víctimas prestasen declaración de un modo direccionado en el marco de alguna causa judicial, o bien, ante algún periodista o medio de comunicación”, agregó. Se trata del caso del abogado Marcelo D’Alessio que involucró al fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro.

Osuna integra la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Actividades y Organismos de Inteligencia. El año pasado se refirió a la utilización de herramientas de inteligencia para hacer política. Sucede que ese comité de diputados y senadores no puede intervenir en Migraciones, precisamente porque esa área no está autorizada para hacer inteligencia.

Al texto lo acompañan Leopoldo Moreau, Carlos Heller, las entrerrianas oficialistas Carolina Gaillard y Mayda Cresto; Rosana Bertone; el entrerriano Marcelo Casaretto; Alcira Figueroa; Mabel Luisa Caparros; Fernanda Vallejos; Cecilia Moreau; Liliana Schwindt; Maria Rosa Martínez; Nancy Sand; Lucia Corpacci; Patricia Mounier; Mara Brawer; Melina Delú; Lia Caliva; Jimena López; Hilda Aguirre; Rosa Muñoz; Nicolás Rodríguez Saa; Carolina Yutrovic; Laura Russo; Nelly Ramona Daldovo; Graciela María Caselles; y María Graciela Parola.
Fuente: Página Política

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