Son 13 los barras detenidos, de un total de 40 que se presume participaron de los hechos gravísimos que ocurrieron el sábado 25 de noviembre en el Estado Presbítero Grella, durante un partido que disputaron Patronato con Unión de Santa Fe.
En el marco de la investigación penal preparatoria que llevan adelante los fiscales Martín Giunta e Ignacio Aramberry, a los barras se les imputa los delitos de coacciones gravadas, robo y golpes del que fueron víctimas un grupo de niños y adultos del Club Deportivo y Social Strobel. De esos 40, la Policía identificó a 13, a los que se envió a la Unidad Penal Nº 1, con prisión preventiva por 21 días –la Fiscalía había pedido 90 días- para evitar un riesgo procesal .
En el proceso judicial, y para acreditar las imputaciones, los fiscales mencionaron como pruebas las entrevistas a los niños lesionados, a miembros de la comisión directiva de Patronato, un informe policial sobre la situación, la denuncia de los policías agredidos, informes médicos y los videos que registraron los incidentes.
No todos los defensores, sin embargo, decidieron mantener la apelación. Dos defensores, Javier Ignacio Aiani –que representa a Exequiel Luna y Alfonso Luna- y Marcelo Franco –defensor de César Folonier- desistieron de la apelación y acordaron con el Ministerio Público Fiscal presentar el viernes, tras la rueda de reconocimiento que se hará el jueves, un pedido de aplicación de prisión domiciliaria a sus defendidos.
Las críticas
La abogada Corina Beisel, que ejerce la defensa de Diego Martínez y Enzo Martínez y Carlos Bravo, rechazó esa negociación y apuntó con dureza contra el juez Mayer que, a su criterio, apoyó su argumentación basado en "prejuicios". Al respecto, aseveró: "El juez construye su razonamiento en los valores de confianza o desconfianza. Y dijo que no merecían su confianza estas personas, porque cuando ingresan a la cancha se transforman. Y luego se refirió de una manera que repugna en un estado de Derecho, al decir que toda persona que está en una barra consume alcohol y sustancias psicoactivas".
Beisel reclamó que se declare la nulidad de la resolución que dispuso la prisión preventiva y se le dicte la excarcelación a sus defendidos.
El defensor oficial Juan Carlín -que representa a Sandro Godoy- leyó un fragmento de un artículo del exintegrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni, que habla del prevaricato entre los jueces, y dijo que ese texto "se aplica a este caso".
"Hay una sobrecalificación del hecho para llegar a penas más altas", evaluó y no dejó de lado que el juez Mayer "ignoró la prueba", como el video presentado por los defensores oficiales para identificar a los agresores en la cancha, que ni siquiera fue tenido en cuenta.
"La Fiscalía no ofreció prueba", descubrió Carlín.
Cuando concluyó su alegato, el juez Vírgala le llamó la atención: le dijo que iba a tomar con pinzas lo que había leído de Zaffaroni porque, le aseguró, si no fallaba como el defensor esperaba, estaría incurriendo en prevaricato, según ese razonamiento.
"Eso es inaceptable, y le voy a pedir que tenga un poco más de prudencia", lo reprendió el juez al defensor oficial.
La defensora oficial Emiliana Cozzi –que representa a los hermanos Facundo y Maximiliano Altamirano- planteó la necesidad de "limitar el poder punitivo del Estado y por eso apelamos esta resolución".
Con ironía, recordó que la profusa fundamentación del juez Mayer al dictar las preventivas le pareció más un resumen obtenido de la enciclopedia virtual Wikipedia que apoyada en trabajos científicos que avalasen sus consideraciones que formuló respecto del mundo del fútbol, la vida en los estadios y la psicología de los barrabravas.
"Leí a (Eduardo) Sacheri, a (Alejandro) Dolina, a (Eduardo) Galeano, y de ahí no salió. Salió de Wikipedia", apuntó. También la defensora Cozzi pidió la libertad de sus defendidos.
Gaspar Reca –que representa a Cristian Ruhl- consideró "arbitraria" la resolución del juez Mayer. "No se especificó en qué consiste la conducta delictiva, ni de parte de Fiscalía ni de parte del juez", planteó. "La imputación es imprecisa, despersonalizada, no sabemos todavía cuál es el comportamiento delictivo", abundó.
También Reca recurrió a la literatura para refutar a Mayer, que se había basado en "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde", de Robert Louis Stevenson para caracterizar a los barras. El defensor oficial hundió su argumentación en ese texto y dijo que la comparación "me pareció agresiva, desafortunada", porque en ese personaje está presente una afectación psiquiátrica, la misantropía. "No creo que Mayer sea psiquiatra para definir a mi defendido como afectado por misantropía", aseguró, y reforzó que la decisión del juez se basó "en el prejuicio".
El fiscal Martín Giunta defendió la tesis de la Fiscalía, negó que en la causa no se hayan producido nuevas pruebas luego del dictado de la preventiva, y aseguró que están probados las agresiones, las coacciones y el robo, los tres delitos que se les imputan a los 13 detenidos.
Su colega Ignacio Aramberry dijo que está probado que la agresión existió. "Enfrente no había nadie que se defendiera, nadie con pretensiones de atacar, sino simplemente niños", planteó.
