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La banda de uruguayos que cayó durante un megaoperativo realizado en junio pasado, tenía inversiones en las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y en Buenos Aires. Durante años compraron campos a la vera del río Uruguay, casas y autos de alta gama. Además, falsificaban dinero. Vivían en barrios privados de lujo e integraban sociedades vacías. Sin embargo, ninguno tenía trabajo o, al menos, alguno que justificara su crecimiento patrimonial.

Fue la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, quien comenzó a investigar esta banda implicada en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la fabricación de billetes y su puesta en circulación. Luego de una serie de allanamientos a través de efectivos de Prefectura Naval Argentina, fueron detenidos los principales sospechosos y posteriormente procesados por el juez federal Pablo Seró, por lavado de activos provenientes del narcotráfico y de la falsificación de moneda.

Se trata de Jorge Daniel Santos Montenegro, Miguel Ángel Huber García, Natalia Solange Yaben Chaparro, José Luis Balverde Molina, Luis Roberto Pascal y Fernando Daniel Mesa. Los abogados defensores presentaron recursos de apelación contra el procesamiento y la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná se los rechazó. Por lo tanto, la “banda de los uruguayos” está más cerca del juicio.
Quiénes son “los uruguayos”
Santos Montenegro era el líder de la organización: un vendedor de drogas de alto volumen en Uruguay, conocida como “Fierrito”. Está también acusado de encubrir a un uruguayo prófugo, Rubén Alejandro Rodríguez De Armas, quien cayó en los mismos procedimientos tras haberse escapado en abril de un centro penitenciario de Montevideo por haber asesinado a su exjefe y amigo, Nelson “El Rambo” Peña Otero, otro peligroso delincuente, y a otro recluso. Además, a esta banda la vincularon al asesinato de Alejandro Patricio Bonfiglio Migues, un uruguayo ultimado en 2015, cuyo cadáver fue hallado en el arroyo La Leche, en Colón, y cuya investigación no tuvo avances.

A principios de este año, se comenzó a investigar una aparente organización con fines ilícitos y asiento territorial en Colón, en la cual Santos Montenegro y su entorno surgían como sus posibles integrantes, constatando inconsistencias patrimoniales y la probable vinculación con actividades delictivas.
Cómo operaba la banda
Se comenzó a sospechar con firmeza que habían conformado una organización de personas que, producto de actividades ilícitas, instituyeron con habitualidad, a partir de 2011, un patrimonio originado en esas actividades criminales, el cual ponían en circulación en el mercado local mediante diversos negocios jurídicos, procurando que adquirieran así la apariencia de un origen lícito. El juez Seró, al procesarlos, sostuvo que habían realizado conductas vinculadas a la conversión, transferencia, administración, venta, gravamen, disimulación y puesta en circulación en el mercado bienes adquiridos de modo ilegal, como producto de ganancias obtenidas por actividades que habrían identificado como realizadas por la organización: el tráfico ilícito de estupefacientes y la falsificación de moneda y su puesta en circulación.

Respecto de Santos Montenegro, los camaristas de la apelación afirmaron que existen en la causa numerosos elementos que permiten afirmar su rol de líder y organizador de las actividades, así como que resulta ser el principal beneficiario de su producido y titular real de los bienes incautados. En esa tarea colaboraba Huber García como coordinador o jefe de operaciones.
Droga, falsificación y lavado
Una de las líneas de la investigación por las que se dedujo que el origen ilícito de las ganancias era el narcotráfico está vinculada a la causa por el homicidio de Bonfiglio Migues. Cuando allanaron la vivienda de Santos Montenegro en el privilegiado Barrio Los Bretes de Colón, la Policía encontró dólares, una balanza con vestigios de cocaína y marihuana. También hay grabaciones de escuchas telefónicas entre Huber García y un supuesto proveedor, alias “Portón”, en las que hablan de “muestras de otro laboratorio”, pagos, “pesos o dólares”, que “hay mucha competencia”, “la más cara es la peruana”, etcétera.

Sobre la falsificación de moneda, los jueces han valorado que en la finca de Luis Roberto Pascal encontraron 93.605 dólares y 4.900 euros apócrifos, según pericias de Gendarmería Nacional, aunque se aguardan los resultados definitivos.

Por último, para demostrar el lavado de activos provenientes de ambos negocios delictivos, se detalla “la existencia de acciones dirigidas a poner en circulación en el mercado bienes de procedencia ilícita, a fin de darles una apariencia lícita y garantizar su disfrute”.

En este sentido, destacaron que “el dato de relevancia está signado por cuanto aquella actividad fue llevada a cabo por sujetos de origen extranjero sin recursos ni ingresos declarados en el país, quienes registraron al menos desde el año 2011 un exponencial incremento en sus patrimonios”.

Asimismo, se señaló como vinculado al modus operandi de la banda que tanto Santos Montenegro como Huber García “no posean bienes a su nombre (solo tenían autorizaciones para conducir vehículos) mientras que Balverde Molina y Yaben Chaparro ostentan la titularidad registral de numerosos bienes y servicios, lo cual no se condice con su trabajo o que, directamente, no tenían trabajo u ocupación conocida que permitiera justificarlos”.

A Santos Montenegro y Huber García les imputan haber colaborado con la situación de prófugo de la justicia uruguaya de Rubén Rodríguez de Armas, quien se escapó de una cárcel de Montevideo donde mató a dos hombres. Afirman que le daban dinero, celulares y vivienda. Por otro lado, la banda quedó vinculada al asesinato de otro prófugo de la justicia, el montevideano Patricio Bonfiglio Migues, en Colón, cuyo crimen mafioso se consideró como un ajuste de cuentas.
Fuente: El Telégrafo

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