La acusación, en un comienzo impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, había sido desechada primero por el juez Daniel Rafecas y luego por la Cámara Federal.
La denuncia involucra a la presidente Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes oficialistas, entre otros, como artífices de una "confabulación criminal" para proteger a los supuestos responsables del ataque de 1994, que dejó 85 muertos. El objetivo del tal maniobra habría sido mejorar la relación comercial con Irán de manera que el Gobierno pueda acceder a petróleo de ese país.
Tras la autorización, la Cámara notificará a las partes involucradas de manera electrónica. Luego confeccionará una minuta sobre las resoluciones tomadas y recién entonces elevará el caso a Casación.
