La causa, que lleva adelante la fiscal número 4 de Concepción del Uruguay Melisa Ríos bajo la coordinación de Lombardi, se originó a partir de la denuncia de la directora de la escuela 44 República Argentina de Santa Anita, Mariela Leiva, a la que luego se sumaron otras denuncias vinculadas al mismo tema de parte de Jorge Bevacqua, integrante de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay y de la campaña Paren de fumigar las escuelas. También hubo denuncias de los padres de algunos de los chicos afectados por la fumigación.
A la fecha hay tres imputados: el titular de la explotación agropecuaria; el presidente Aero Litoral SA, la empresa de Villaguay que realizó la fumigación y el piloto que manejó la aeronave. Los tres se abstuvieron de prestar indagatoria.
En el transcurso de la Investigación penal preparatoria (IPP) "se han tomado distintas medidas, entre ellas muchos pedidos de informes a distintos organismos, tanto de la provincia como de la nación, que apuntan a tener certeza sobre si la empresa que realizó la pulverización estaba inscripta o no, si tenía habilitación vigente", contó Lombardi.
La Fiscalía también pidió informes a la delegación Paraná del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) sobre las muestras tomadas en el lugar del hecho y solicitó, por otro lado, que el área de Toxicología de la policía provincial informe "cuáles son las consecuencias que podría generar estar expuestos a determinados productos químicos".
Asimismo, existe una pericia oficial solicitada para determinar si en el procedimiento de pulverización se respetó la normativa vigente.
"En la investigación se ha colectado evidencia que entendemos es suficiente como para seguir avanzando en el trámite, enfocándolo en dirección a un juicio público", dijo el fiscal de coordinación, quien aclaró que el hecho de que la causa llegue a juicio o no dependerá del criterio que adopten las respectivas defensas, "porque son tres personas imputadas y podrían llegar a pedir medidas alternativas a la realización del juicio como una probation, aunque habría que evaluar si corresponde o no".
Si bien la calificación legal puede variar en función de la evidencia que se va colectando en la IPP, la imputación de los acusados es, en principio, por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 (de Residuos peligrosos) y el 89 del Código Penal".
