Di Lello destacó que “la militancia, la actividad y la campaña política indeclinablemente se van encareciendo y se van a ir encareciendo más”. En ese marco, consideró que el financiamiento debe ser “público” y que “hay que habilitar a las personas jurídicas -empresas, cooperativas, mutuales y también sindicatos-” ya que “no hay aportes desinteresados”.
El fiscal señaló la importancia de “tomar un coeficiente fácil para los aportes de campaña” y de que “haya una autoridad partidaria responsable o que se contrate a un contador”. También propuso ampliar la cantidad de auditores, en lo relacionado al control, y establecer “plazos de preclusión” para la rendición de cuentas.
“Controlar los fondos es un hecho técnico, no político. La decisión política es hacerse el salame si entra plata por izquierda y no registrarla”, agregó.
Dieron su visión también el coordinador del Área de Gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos, Nicolás Tereschuk; la directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), Silvana Yazbek, y el responsable de Integridad en el Financiamiento de la misma institución, Diego Gamba.
