“Considero que algunas nomenclaturas no solamente no son representativas de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condicen con la laicidad del Estado nacional y su idea de democracia. Argentina es un Estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa, como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia”, explicó.
“El Estado argentino debe cumplir con los principios de libertad religiosa y de conciencia explícitos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como asegurar su laicidad y cumplir con los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
“El artículo 2 de la Constitución Nacional marca que ‘el Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano’. Sin embargo, este sostenimiento es únicamente de índole económica y financiera. De hecho, el artículo no habla de la ‘República Argentina’, sino de ‘Gobierno Federal’, y jamás menciona la adopción de la religión como propia del Estado”, sostiene el proyecto, el cual agrega: “Argentina adhiere a numerosos tratados internacionales que impulsan la libertad de culto y religión”.
“Con el propósito de poner fin a la discriminación religiosa, las Naciones Unidas presentaron la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones (resolución Nº 36/55). Esta herramienta internacional remarca el consenso sobre la importancia de la libertad de religión y los derechos que de ella derivan para individuos y comunidades religiosas. En Argentina tienen rango constitucional los siguientes tratados y artículos específicos vinculados a la temática: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 3) y la Convención de los Derechos del Niño (artículo 14)”, aseguró la joven.
“Históricamente, la Iglesia Católica ha negado innumerables derechos, intentando imponer creencias religiosas y morales sobre la población, basándose en leyes medievales que, en el año 2018, son tan obsoletas según ha cambiado la sociedad. La institución se ha opuesto a leyes basadas en los derechos humanos, queriendo fomentar así la desigualdad social y la degradación educativa, entre otros”.
“La abolición de la esclavitud (1853), educación común, obligatoria y gratuita (1884), matrimonio civil (1888), voto femenino (1947), divorcio (1987), educación sexual integral (2006), ley de matrimonio igualitario (2010), aborto legal (2018), son ejemplo de que los símbolos institucionales de la Iglesia Católica no representan a la población, sino que son un indicador más de desigualdad”, aseguró la expositora.
Y continuó diciendo: “De igual manera, ninguna persona que, estando en posición de autoridad haya abusado de ella, degradando a otro ser humano. Ninguno perteneciente a instituciones de dudosa fidelidad. Ninguno que haya comulgado con la derecha ideando, apoyando o facilitando golpes militares, debe ser digno de conmemorar y ser nombrado en lugares públicos de nuestra ciudad. No hay lugar en las calles para corruptos y personas que atentaron contra los intereses colectivos. Más aún cuando tenemos decenas de ejemplos de personas que siendo científicos, médicos, docentes, vecinos comunes, pueden representarnos como población”.
Para finalizar, Melanie Salvatierra dijo: “Por todo lo expuesto, pedimos la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado municipal, porque es lo que corresponde a nuestro Estado de laicidad. También aquellas nomenclaturas de escuelas y demás lugares que, debiendo ser laicos, profesan en sus nombres religión de cualquier índole. Asimismo, solicitamos en coherencia con lo anterior, el cambio de los nombres de las siguientes calles y lugares: Presbítero Cot, Lugones, Berin, Lantelme, San Cayetano, María Fernández, Padre Duce, entre otros”.
