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El juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, resolvió este lunes elevar a juicio oral a los acusados en la causa conocida como Mutual Modelo por los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación, por intentar favorecer a la Mutual Modelo en $ 1,5 millones de pesos a través de un giro de fondos municipales a cuenta de los descuentos que se le iban a hacer a los empleados municipales que tenían créditos tomados en la mutual.

Cabe recordar que además del intendente de la capital provincial, Sergio Varisco, en el expediente también están acusados el presidente de la mutual, Ángel Emilio Picazzo y el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli.

“El juez argumentó y más allá de que dijo en dos oportunidades que respecto a Walter Rolandelli dudaba, entendió que el ámbito más propicio para sacarse las dudas será el debate”, sintetizó el abogado del intendente Rubén Pagliotto.

“Creemos que ya no hay que perder más tiempo sobre todo por la figura pública del Intendente y del propio doctor Rolandelli que es un importante funcionario, nada más y nada menos que el secretario Legal y Técnico, lo que amerita que en la causa sin más dilaciones se fije la fecha y se vaya a debate oral y público en el más amplio marco y que nos saquemos todas las dudas”, agregó el letrado.

Tras señalar que ya está acreditado que “el dinero no salió”, Pagliotto aseveró que en Varisco y Rolandelli “no hubo ninguna intención de direccionar nada a nadie”.

“En definitiva lo que hizo Varisco también lo hicieron (los exintendentes) José Carlos Halle y Blanca Osuna, y no digo que hayan hecho algo malo, sino sin ninguna otra intención que la de ayudar a una entidad que suple muchas veces la ausencia del Estado”, aseveró sin dejar de hacer notar que “antes los mismos fiscales no lo consideraron delito”.
Guzmán, afuera
El diputado Gustavo Guzmán fue apartado de la causa como querellante particular por decisión del juez, en tanto, tal como establece el último párrafo del artículo 82 del nuevo Código Procesal Penal de la provincia: “En caso que la Administración Pública sea la damnificada u ofendida del delito ningún organismo estatal será admitido como Querellante Particular, quedando la persecución penal exclusivamente a cargo del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de la intervención que como Actor Civil pueda corresponder”.
Fuente: APF Digital

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