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Conocidas las críticas del Poder Judicial, el gobierno de Entre Ríos reaccionó anunciando que analizará el requerimiento recibido en las últimas horas, a partir del rechazo a la medida impulsada desde el Ejecutivo -mediante el Decreto Nº 1634/2020- el pasado 6 de octubre. Ello, “sin perjuicio de los postulados de la Ley de Emergencia Nº 10.806, sancionada por el Poder Legislativo en cuyo espíritu solidario y proporcional, en el marco de la pandemia, se basa el Decreto Nº 1634/2020 MEHF que establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija por los meses de octubre, noviembre y diciembre”, argumentaron desde el Ejecutivo.

Es que el mismo dispuso otorgar a un grupo de trabajadores judiciales un aumento, consistente en una suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni bonificable, hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta del incremento que logre convenirse en una futura mesa de paritarias o negociaciones sectoriales, lo que tuvo como respuesta un “enfático” rechazo desde la cúpula judicial. “Si bien el requerimiento suscripto por el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, el Defensor General, los miembros de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos, de volver atrás con las sumas fijas otorgadas a cuenta de paritarias será estudiado por el Ejecutivo, es conveniente realizar algunas aclaraciones”, indicaron.
Las aclaraciones del Ejecutivo
A continuación, El Entre Ríos reproduce textualmente un documento titulado “El gobierno explicó que el pedido del Poder Judicial perjudica a los trabajadores de menos recursos”, con una serie de “aclaraciones” que desean efectuar desde la Casa Gris.

El Decreto Nº 1634/2020 MEHF, establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija, determinada conforme el monto del salario nominal de los agentes destinada a beneficiar, de manera proporcional, a los agentes públicos de menores ingresos. Se trata de una medida de carácter transitorio y aplicable a los meses de octubre a diciembre y siempre a cuenta de lo que se acuerde en el marco paritario.

Atento a que el Poder Judicial tiene normas específicas en cuanto a su remuneración, sin perjuicio de ello, y de acuerdo los lineamientos de la política salarial, se decidió incluir a los trabajadores del Poder Judicial que perciban hasta las sumas indicadas, en las mejoras salariales dispuestas. Ya que conforme al artículo 10º de la Ley de Emergencia Nº 10.806, se encuentra suspendida la aplicación de las cláusulas de aplicación directa de los incrementos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así es como la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial benefició a 1089 trabajadores judiciales.

Por aplicación de las leyes del régimen remunerativo judicial, desde 2012 a la fecha, el Poder Judicial alcanzó un incremento salarial superior en un 70 por ciento al percibido por el resto de la Administración.

El incremento de 3.500 pesos que se alega como “achatamiento y atentado contra la porcentualidad”, representa el 0,46 por ciento en relación al haber nominal del vocal del STJ que es de 759.732 pesos por mes; o un 0,62 por ciento sobre los haberes de un Juez de primera instancia fijado en 561.529 pesos.

El gobierno de la provincia también reconoce el aporte realizado ante la emergencia sanitaria del Covid-19 por la suma de 20.000.000 de pesos, lo que equivale al 11 por ciento del total de los haberes líquidos mensuales de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial.

En cuanto al costo de la masa salarial del Poder Judicial, es dable aclarar que en el presupuesto 2020 el costo total en personal es del 8,82 por ciento, y que el presupuesto 2021 prevé una relación porcentual del orden del 8,98 por ciento.

Conforme los valores indicados, tan solo el 2,9 por ciento del total de agentes del Estado provincial corresponden al Poder Judicial e insumen un costo promedio del orden del 9 por ciento sobre el total de la masa salarial.

No debe perderse de vista que el promedio mensual de la asignación total que percibe el Poder Judicial es del orden de 237.500 pesos, en tanto que en el Escalafón General dicho promedio resulta de 60.060 pesos.
Fuente: El Entre Ríos / Gobierno de Entre Ríos

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