“Se han detectado que algunos focos de incendios fueron realizados de forma intencional y se realizaron las denuncias correspondientes”, reza la presentación girada al Poder Ejecutivo, recordando que “se han perdido miles de hectáreas de eucaliptos y pinos, con una valoración económica difícil de estimar y además un impacto ambiental enorme”. Una vez puesto en contexto el impacto de estos incendios forestales aparentemente iniciados en forma intencional, “que demandaron un gran despliegue con el uso de todos los recursos disponibles de consorcios privados y bomberos”, pasan a detallar cuáles son los puntos a informar:
1). Cantidad de incendios intencionales que se han registrado en la provincia de Entre Ríos desde el año 2020.
2). Cuáles han sido las medidas de prevención tomadas desde el año 2020 al presente, para el control de los incendios intencionales en la zona de islas, como también en el resto del territorio provincial.
3). En caso de existir causas abiertas por los incendios intencionales, en qué estado se encuentran las mismas. “La sucesión de incendios intencionales en los humedales ha traído aparejada la interminable discusión sobre qué jurisdicción debía hacerse cargo de investigar y penalizar semejante práctica ecocida”. Más allá de ese planteo, “era y es imprescindible aplicar medidas que tiendan a la eliminación de incendios intencionales en el territorio de la provincia de Entre Ríos”, fundamentan sus autores.
El proyecto fue presentado por el senador Omar Migueles (Juntos por el Cambio), acompañado por sus pares Francisco Morchio, Rubén Dal Molín y Gastón Bagnat.
