Según explica el Decreto 2078, refrendado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Abel Schneider y Julio Panceri, fue el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda el que solicitó la modificación presupuestaria “para hacer frente al gasto judicializado mediante sentencia recaída en los autos caratulados “CABALLI SA - SZCZECH SA UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS C/INSTITUTO AUTÁRQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS S/ MONITORIO EJECUTIVO”.
La norma, publicada el jueves último en el Boletín Oficial, precisa que el traspaso de fondos tiene por objetivo “regularizar contablemente la ejecución de la sentencia recaída en los autos N° 68790/23 (certificado 7, 8 y 9), N° 68862/23 (certificado 10) y N° 68961/23 (certificado 11) dentro de la obra PARANÁ 500 VIVIENDAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS - PLANTA DE TRATAMIENTOS DE LIQUIDOS CLOACALES”.
Dicho de otro modo, la firma constructora, una de las más poderosas de la provincia, logró sentencia favorable para cobrar certificados de obra correspondientes a la obra de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de “Paraná 500 Viviendas”.
En los considerandos, el decreto explica que la modificación presupuestaria para pagar el juicio tiene respaldo legal en “la Ley N° 10.078”, que autoriza al Poder Ejecutivo a usar “fondos disponibles o remanentes de recursos administrados por Organismos Provinciales con financiamiento extraordinario del presupuesto, en carácter de préstamo, cuyo reintegro podrá trascender el ejercicio fiscal o aporte del tesoro, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado”.
