El fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, que tramita la investigación penal preparatoria expresó: "no tengo obstáculos para seguir la investigación, y de hecho se va a reactivar después de la feria, en febrero. Tengo directivas de la Procuración de elevar la causa a juicio. Hay un planteo de competencia en la Corte, pero a la Corte solo se envió una copia del expediente. El original quedó acá".
La Corte Suprema de Justicia debe dirimir un conflicto de competencia negativa: el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú resolvió que no es competencia del fuero provincial; y del mismo modo, la Justicia Federal se declaró incompetente. Una de las últimas medidas que adoptó el fiscal fue pedir explicaciones al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, de las razones por las cuales la superiora del convento carmelita, Luisa Toledo, fue apartada de su función y mudada a una casa religiosa del Chaco. Puiggari respondió de forma escueta e insuficiente: admitió el traslado pero no dio motivos. Enterados de los movimientos que empezó a dar el fiscal Uriburu, los defensores de la monja Toledo, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, le pidieron al juez de Garantías de Nogoya, Gustavo Acosta que frenara cualquier movimiento hasta que no resuelva la Corte. El delito del que se acusa a la superiora es el de privación de la libertada agravada por el uso de violencia, a partir de una denuncia que publicó la revista "Análisis".
La causa penal
Se abrió el 25 de agosto e investiga las denuncias de dos exmonjas sobre aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del
Carmen, de Nogoyá.
Luisa Toledo, que durante más de dos décadas dirigió el monasterio, quedó involucrada en una serie de denuncias que hicieron dos exreligiosas y que la acusan de torturas, privación de la libertad y ejercicio déspota de la autoridad.
