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En diciembre de 2002 la Policía de Entre Ríos ordenó la instrucción de un sumario a un comisario que se desempeñaba entonces en la Comisaría 5a, de Paraná, por haberse quedado con 15 pensiones correspondientes a la Ley N° 4.035.
El hecho
La falta se descubrió por cuanto quedó en evidencia que desde la Comisaría Quinta no se había elevado la correspondiente rendición al pago de las pensiones de la Ley 4.035, siendo que desde el entonces Ministerio de Salud y Acción Social se le habían entregado para el pago un total de 266 recibos. Pero ocurrió que luego de realizar una constatación con la documentación aportada por el titular de la Comisaría, quedó al descubierto el faltante de 13 pensiones sin abonar. Pero el dato revelador fue que no se contaba con el recibo de depósito y/o el dinero respectivo en carácter de devolución al Ministerio de Salud y Acción Social.

Esa irregularidad motivó el inicio de una causa penal, que tramitó en ese año el Juzgado de Instrucción N° 2 de Paraná. El caso tuvo resolución el 28 de agosto de 2013, cuando la Cámara Primera en lo Criminal Sala Segunda, informó que en el marco de la causa N° 4575 caratulada “Carrizo Diego Martín s/ Malversación de Caudales Públicos”, se declaró a Diego Martín Carrizo, el comisario que se había quedado con las 13 pensiones Ley 4.035, como autor material y responsable del delito de malversación de caudales públicos, y se lo condenó a la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

A nivel de la Policía de Entre Ríos el sumario concluyó con la recomendación de una sanción con destitución por cesantía.
Dilatación de una resolución
El comisario Carrizo comenzó a actuar de la mano de su abogado defensor, Héctor Mario Cardona, que batalló a nivel administrativo para torcer esa decisión de la fuerza.

Un primer planteo fue rechazado por “improcedente”, aunque el letrado insistió y el 11 de noviembre de 2014 presentó un recurso de apelación jerárquica y nulidad contra la resolución de cesantía, que fue rechazado mediante Resolución N° 1356/14, del 9 de Diciembre de 2014, por cuanto no había sido presentado en tiempo y forma.

El 26 de enero de 2015, el defensor del comisario interpuso un recurso de apelación jerárquica y nulidad contra la Resolución N° 1356/14, aunque fue rechazado tal pedido mediante decreto N° 164 del Ministerio de Gobierno.

No se dio por vencido y el letrado acudió entonces con un recurso de prescripción de la falta endilgada a su defendido y solicita el sobreseimiento.

Pero un dictamen del Consejo de Disciplina de la Policía buscó cerrar el caso con la recomendación que, “salvo mejor y más elevado criterio superior se debería sancionar al comisario Carrizo con destitución por cesantía”.

Efectivamente, el 23 de junio de 2017, a través de la resolución N°100, la Jefatura de Policía de la Provincia dispuso la destitución por cesantía.

Pero el abogado de Carrizo recurrió esa decisión el 26 de julio de 2017, pero no logró nada distinto más que un nuevo rechazo.

El caso luego tuvo un giro cuando se decretó la nulidad de la resolución N° 100 de la Jefatura de Policía que había dispuesto la cesantía del comisario que se quedó con las pensiones Ley 4.035

Entonces, el defensor de Carrizo interpuso, primero, un recurso de queja, y después, un recurso de apelación jerárquica.
Sanción
Se llegó al año 2020 .Un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno recomendó el rechazo del recurso de revocatoria contra “la resolución atacada por cuanto devino abstracta dado que la Resolución N° 100/17, que dispuso la sanción de destitución por cesantía fue declarada nula por Resolución N° 133/17, notificada al recurrente y su abogado defensor el 2 de octubre de 2017”.

Respecto a la solicitud del Jefe de Policía de la Provincia, que, al compartir dictamen del Consejo de Disciplina Policial II mediante dictamen N° 085, obrante a fs. 953/955, solicita que el comisario Diego Martín Carrizo, sea sancionado con destitución por cesantía, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no encontró objeciones jurídicas al respecto”.

Así pues, el 27 de septiembre de 2021, 19 años después de los hechos ocurridos en la Comisaría 5ª, el Gobierno, a través del decreto N° 2.812, dispuso la destitución por cesantía del comisario Diego Martín Carrizo, y así, finalmente, cerró el caso.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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