Al respecto, aclaró que "tengo entendido que lo habrán firmado. Ahora falta que evaluemos nosotros si adherimos o no a dicho convenio". Además sostuvo que, de sustanciarse el juicio abreviado, termina ahí la parte penal respecto del boliche y luego se debe avanzar en juzgar la eventual responsabilidad de funcionarios públicos municipales y provinciales.
Los hermanos Gabriel y Guillermo Pietrantueno están acusados de lesiones gravísimas culposas. "En ningún momento hay compromiso de restricción de libertades. Lo que había ahora era, en el caso en que no se hubiesen presentado, era levantar una rebeldía. No es que los iban a meter presos. Se presentan y levantan la rebeldía por no haber ido al tribunal, nada más", indicó el letrado. "El juicio abreviado es un acuerdo, un convenio entre el fiscal y la defensa de los imputados tendiente a resolver el juicio mediante el reconocimiento de la responsabilidad penal por parte de los imputados y acordar una pena", indicó Jáuregui. La querella estaba en conocimiento de esas tratativas.
Juicio abreviado, pero "con la pena más alta posible"
Jáuregui dijo que ahora resta la realización de una audiencia en el Juzgado de Garantías. Hay que ver cuando fija audiencia. "El juez tiene que analizar si los recaudos, los presupuesto procesales están dados o no están dados. En lo que a la mirada de la querella le compete, nosotros en principio, teniendo en cuenta que estamos frente a un delito culposo, no tendríamos inconveniente en que esto se concrete en la medida en que haya una pena lo más alta posible y que se cumplan determinadas condiciones respecto de la víctima", mencionó.
El abogado explicó que lo que están esperando es que los hermanos Pietrantueno hagan un ofrecimiento para la reparación material, al menos correspondiente al daño causado. "Si no encontramos un esfuerzo para reparar, al menos parcialmente el daño, nos vamos a oponer al juicio abreviado", recalcó Jáuregui. Si se avanza en el juicio abreviado, Jáuregui destacó que se termina la parte penal respecto de los dueños del boliche, pero recién comenzaría para los funcionarios municipales que fueron desplazados de sus cargos ("son esos", dijo) y del personal del servicio de ambulancias. En marzo pasado, el titular de la Secretaría de Gobierno, Martín Santana, solicitó un pedido de licencia por tiempo indeterminado, en tanto que su asesor, Marcos Wdowiak, y el director de Inspección General del municipio, Jorge Boujon, renunciaron a esos cargos. En ese sentido, Jáuregui mencionó que está dentro del legajo la posibilidad de incorporar a la narración las conductas "eventualmente delictivas" de funcionarios públicos municipales y provinciales. "La marcha de la investigación nos está resultando ni más ni menos que como pretendíamos", indicó.
El estado y la ambulancia, principales sospechosos
"La sospecha de la responsabilidad de los funcionarios públicos municipales es el haberse constatado en esta parte de la investigación que hay una prórroga de una habilitación irregular sin haberse verificado los mecanismos de control previos y en condiciones en que no podrían haber estado habilitado normalmente, lo que determinó a la postre las lesiones gravísimas", mencionó.
En cuanto al traslado en ambulancia, el abogado querellante indicó que fue deficiente. "Se constató en la investigación, dado que las planillas periciales dieron cuenta el agravamiento o la irreversibilidad del cuadro, que podría tener una concausa el movimiento defectuoso que hizo el personal de ambulancia, sin entablillar a Escobar", explicó.
"Hasta ahora no venimos errándole en nada. Cuando planteamos que había responsabilidad de los funcionarios públicos, se suscitó una suerte de debate al respecto, pero hoy la realidad termina dándonos la razón", señaló Jáuregui.
Más adelante, señaló que el fiscal Germán Dri dejaría de desempeñar ese rol cuando comience a investigarse la eventual responsabilidad de los funcionarios públicos y se debería designar a otros fiscales. "Habría que avanzar en la designación de fiscales especiales porque estamos frente a otro tipo de delito, que refiere a funcionarios públicos", indicó.
Por último, señaló que habían avanzado en el resarcimiento del sector público hacia Bruno. Específicamente, habían logrado un entendimiento con la municipalidad para que pueda viajar a Cuba, evitando el juicio. Pero se frenó cuando dialogaron con la Provincia, dado que se cerró en un ofrecimiento menor, una 'ayuda', para que el joven pueda trasladarse al país caribeño.
