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El expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, finalmente no irá a juicio y sí a una mediación penal por el altercado callejero que protagonizó en 2021 con un kiosquero de su ciudad, La Paz, a raíz de una situación enojosa ocurrida durante la madrugada del domingo 28 de marzo del año pasado cuando el altísimo nivel de música del negocio contiguo a la vivienda del exmagistrado derivó en un cruce de palabras subido de tono y algunas agresiones.

El Ministerio Público Fiscal planteó sentar en el banquillo al exmagistrado, posición que fue rechazada por el juez de Garantía de La Paz, Walter Carballo. Esa decisión no fue compartida por la Fiscalía que apeló lo resuelto. Pero este jueves el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, José María Chemez, confirmó lo resuelto por Carballo. Chemez observó que la Fiscalía no oyó a las víctimas y fue arbitraria al decidir rechazar la mediación penal propuesta. A la audiencia de este viernes en los Tribunales no asistió el exjuez; sí en cambio lo hizo su abogado defensor y sobrino, Emiliano Castrillón, y el fiscal de Coordinación Álvaro Piérola.

La mediación que ahora dispuso la Justicia no es solo en el marco de aquella pelea entre Castrillón y los kiosqueros, sino también que alcanza a una causa conexa que había iniciado el extitular de Juntas de Gobierno de la administración del gobernador Sergio Urribarri y padre del fiscal Facundo Barbosa, Oscar Barbosa. Castrillón había recusado a Barbosa como fiscal de la causa y logró su apartamiento y eso, después, derivó en un cruce con Barobsa padre.

El caso

En el marco de la investigación penal que llevó adelante el fiscal Oscar Sobko, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, rechazó, el 16 de mayo último, elevar a juicio la causa. En vez de eso, el magistrado concluyó que el conflicto entre Castrillón y sus denunciantes deberá concluirse a través de una mediación penal.

Pero el fiscal Sobko, que había solicitado que el exmagistrado sea llevado a juicio por presuntos delitos de daños y amenazas simples, con un pedido de pena de 1 año de prisión condicional, no quedó conforme con lo resuelto por el juez, y apeló la decisión y por eso el caso llegó para su resolución de los Tribunales de La Paz al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.

En su resolución, el juez Carballo hizo lugar al pedido de Emiliano Castrillón, abogado defensor y sobrino del exmagistrado, petición a la que adhirió Hernán Aimone, abogado de quienes denunciaron al exvocal del STJ.

Eran dos legajos los que se habían acumulado, uno iniciado por dos comerciantes y un empleado de un kiosco con quienes Castrillón tuvo un altercado el domingo 28 de marzo de 2021 siendo todavía juez del máximo tribunal de la Provincia; y otro que se abrió por la denuncia de Carlos Miguel Barbosa, padre del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, hoy en Gualeguay.

En la resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora, el juez Carballo consideró que la Fiscalía actuó por «inobservancia de los derechos y garantías, no observándose los derechos de las víctimas» por no haber encuadrado el caso en el Reglamento de Mediación Penal, siendo que las víctimas lo solicitaron expresamente en la investigación.

Así las cosas, ahora el expediente debe ser girado a la Oficina de Mediación de la jurisdicción de La Paz para que se le dé tratamiento y se termine el conflicto.

Por su parte, el abogado Hernán Aimone, representante del kiosquero Mariano Lukacs, denunciante del exmagistrado, indicó que si bien no participó de la audiencia de hoy está en conocimiento de la resolución y que se atendió el pedido que hizo tanto su cliente como la defensa del exjuez.

El domingo 28 de marzo de 2021, Mariano Lukacs y Natalia Lukacs, dueños de El Kioscaso, y su empleado Celso Chamorro, denunciaron por daños y amenazas al expresidente del STJ -se jubiló de modo exprés en mayo de 2021-, por daños en el local ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano.

Mariano Lukacs refirió en sede policial que alrededor de las 1,44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.

Tras la difusión de la versión de los kiosqueros, el entonces magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 de la madrugada solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.

En declaraciones al programa A quien corresponda, de Radio de la Plaza, dijo que en ese momento “estaba enojado, no excesivamente” pero ingresó al lugar “para exigir que bajen la música”. Y agregó: “Cuando yo entré en el lugar, el empleado quiso dar vuelta al mostrador para correrme, y ahí le puse un exhibidor en el camino para poder salir sin que me agarre. Al salir, me caí en unos escalones y ahí me patearon en el piso entre tres o cuatro, me fisuraron tres costillas, me lastimaron todos los brazos. Me trastabillé, caí en la vereda y ahí me patean en el piso hasta que me levanté y salí”.

Por este hecho intervino el fiscal Facundo Barbosa -hoy en la Fiscalía de Gualeguay- y Castrillón lo recusó de la causa porque, según señaló, «falseó datos» de un vehículo que se encontraba en el lugar y que estaba a su nombre. Luego el funcionario explicaría que se trataba de un auto que le había vendido a su hermano.

En medio de la tramitación del caso, hubo un altercado entre Castrillón y el padre del fiscal Barbosa, Carlos Miguel Barbosa. Según denuncia Barbosa padre, el vocal del STJ le envió una catarata de mensajes de Whatsapp de tono amenazante.

Finalmente, el exvocal impugnó la postulación de Facundo Barbosa para ocupar un lugar en la Unidad Fiscal de Gualeguay, pero no tuvo éxito. El Senado aprobó el pliego de Barbosa como fiscal.

En tanto, en medio de un pedido de juicio político, el vocal de la Sala Civil y Comercial y expresidente del STJ se convirtió en un jubilado más, dado que la Caja de Jubilaciones y Pensiones le otorgó el beneficio previsional y cesó en su actividad laboral activa.

Lo cierto es que ahora el conflicto que ocupó los medios durante meses se cierra con una mediación penal.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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