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En un mismo día, el Vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, recibió varias “buenas noticias”. No sólo porque el “Acuerdo Especial” rechazó el pedido de la Asociación de la Magistratura para que se iniciara una “instancia disciplinaria” en su contra. También porque esta última entidad quedó en el centro de los cuestionamientos. Por ejemplo, a primera hora de ayer lunes circuló copia de una carta firmada por el Doctor Jorge Alberto Pirovani, dirigida al Consejo Directivo de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, cuyo primer párrafo plantea: “Por la presente expreso mi desacuerdo con el comunicado del 29/03/2021, que hace referencia a hechos que habrían ocurrido en la ciudad de La Paz, involucrando en los mismos al Dr. Emilio Castrillón, atribuyéndole falta de conducta y calificándola en desmedro de su persona y del alto cargo que ejerce dentro del Poder Judicial de la Provincia”.

Pirovani explica más adelante: “No es la Asociación quien tiene que opinar de manera impulsiva, menos descalificar de ese modo, sin que se haya puesto en claro lo sucedido, luego de posibilitar, de manera clara, el ejercicio pleno del derecho de defensa. En todo caso, por respeto y consideración, la cuestión merecía, al menos, una previa consulta a los asociados para que se expresaran sobre el camino a seguir. No debemos olvidar, que es de buena práctica -y lo manda una buena lectura del Estatuto que nos rige- intercambiar opiniones, antes de tomar posición institucional, frente a hechos cuya gravedad en el comunicado se describe”.

Por último, el doctor Pirovani creyó conveniente dejar en claro su “total y categórico rechazo a cualquier manifestación desconsiderada, agresiva o irrespetuosa, que haya sido o sea dirigida, a quienes firman el comunicado de referencia”, en obvia referencia a los mensajes que Castrillón habría dirigido por WhatsApp a miembros de la cúpula de la Asociación de la Magistratura.
Usar la Constitución como brújula: una práctica recomendada
Además de la carta de Pirovani, otro escrito que circuló ayer lunes está firmado bajo el pseudónimo de “Julio César de las Mercedes”. En resumidas cuentas, su autor analiza lo ocurrido haciendo foco en elementales conceptos del derecho, contenidos en la carta magna. Aquí, el texto:

Existen máximas que se aprenden los primeros años en la Facultad de Derecho:

Nadie puede alegar el desconocimiento de la ley; la ignorancia del derecho no es excusa (Ignorantia juris non excusat) ; nadie puede ser escuchado alegando su propia torpeza. (nemo auditur propriam turpitudinem allegan), son expresiones en latín o brocárdicos, que encarnan principios tan trillados como difundidos, que fueron heredados del derecho romano y aún perduran. No necesitan de mayores explicaciones.

Se supone que es una torpeza como una acción que devela la cualidad del torpe para cualquier persona con alguna aunque sea mínima instrucción jurídica, por falta de habilidad, empeño o cuidado en apropiarse de básicos saberes, desconocer el contenido de las normas jurídicas y las atribuciones de los distintos organismos de la Constitución. Esa torpeza se acentúa si es abogado u abogada quien yerra. Se potencia o multiplica aún más si la misma persona es integrante de la magistratura, y es gravísimo cuando no directamente escandaloso, si a su vez, es también dirigente máxima del organismo que nuclea a los y las magistradas y los representa.

En el mundo actual de nuestra precaria institucionalidad entrerriana, (una mezcla criolla del ”todo vale veinte” con la legendaria enseñanza del “todo pasa”, donde la ciudadanía atónita es testigo de quienes transitan deslizándose alegremente por el viaducto del “sálvese quien pueda,” ) no terminamos nunca de perder la capacidad de asombro, porque la realidad supera a la ficción. Parangonando al gran Discepolín, estamos entre la Biblia y el calefón. El que llora amargamente a gritos es el estado de derecho.

Reviste una inusitada gravedad institucional que la Presidenta (o Presidente) de la Asociación de la Magistratura, Dra. Gabriela López Arango demostrando en su cándida buena fe una supina ignorancia inexcusable del derecho en el mejor de los casos o ser parte de una artera maniobra oscura pergeñada en los inaccesibles laberintos enmarañados del poder con mala fe en el peor de los supuestos que no sepa que de las atribuciones del art. 204 de la Constitución Provincial no emerge atribución disciplinaria que pueda ejercer el Excmo. STJER respecto de sus integrantes y que la ley 6902 encomienda el control de la conducta de todos los integrantes del Poder Judicial en cuanto se refiere a la actividad judicial y al ejercicio de la función.-

Semejante ignorancia contemplada con los lentes de la inocencia de la buena fe u observada como una maquiavélica manifestación palmaria de una inconfesable mala fe si nos paramos en el extremo contrario,(una u otra opción la dejamos a elección del lector o la lectora) fue validada , ni más ni menos por el pleno del máximo órgano judicial provincial en fecha 5/4/21, que sin decirlo, la mandó a leer dichos textos.-“Los libros no muerden” diría mi abuela.

Esta circunstancia nos muestra de frente el rostro más espeluznante de dirigentes sin rumbo, que quizás privilegiando intereses de unos pocos vivos, olvidan los de la mayoría.

Con éstas líneas si bien reconocemos la alta dosis de audacia que exhibe su accionar casi temerario, le recomendamos a la Dra. López Arango use de brújula a la Constitución. De esa forma no hará caer aún más la credibilidad del ya dañado poder judicial en una isla desierta cual Robinson Crusoe.

Los ciudadanos y ciudadanas (contribuyentes que con nuestros esfuerzos financiamos sus suculentos sueldos en plena crisis) miramos espantados el dantesco espectáculo que es fruto de un mediocre guión.

Si elige ser guiada por la Constitución a la que juró no traicionar, (hoy un juramento, mañana una traición decían Gardel y Le Pera en el inolvidable “Amores de estudiante”) evitará en el futuro incurrir en desvaríos como el narrado. Esto redundará en beneficio de una sana institucionalidad.

La calidad institucional es bastante más que una marketinera frase hecha. Tiene espíritu, el que exige al cuerpo estable de actores que nutre la democracia, que no se convierta en una Commedia dell'Arte, con mimos y acróbatas enmascarados en el estrado. Sólo así estará garantizada la defensa de los derechos de las personas, en el que están en juego la vida, la libertad, la propiedad. Por ahora se asemeja a una distante ilusión.-
Fuente: El Entre Ríos

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