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El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, envió este lunes por la tarde el pedido de elevación a juicio de la causa que investiga la privación ilegítima de la libertad en el convento Carmelitas Descalzas. "Ahora se espera que se cumplan los términos legales para que el juez notifique a la defensa y convoque a audiencia para tratar la remisión", confirmó en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza).
Los testigos citados a declarar
Entre los citados a declarar se encuentra el arzobispo de Paraná, monseñor Alberto Puiggari, ya que "la idea es que comparezcan las personas que pudieron haber tomado conocimiento de los padecimientos de las dos víctimas", confirmó.

Al respecto, el fiscal explicitó que de la investigación "surge que no es ajeno a la situación, porque muchos familiares de las víctimas le hacían llegar las inquietudes que tenían sobre el manejo del convento, y además las mismas reglas y constituciones le fijan la responsabilidad de ser una suerte de preceptor del convento, y es de interés saber hasta cuánto supo y cuánto omitió".

También deberán comparecer como testigos "cuatro o cinco eclesiásticos, personas allegadas a las víctimas y las dos víctimas propiamente dichas", así como la actual priora del convento, Itatí de María Reina Inmaculada, quien fue designada directamente por el Vaticano. Agregó que se trata de "una joven que no tenía ninguna autoridad dentro del convento y que casualmente es hija de una señora que en el 2016, antes de la publicación de Análisis, había estado tratando de que alguien la escuche y en su estado de desesperación y preocupación por su hija mandó una carta al Vaticano pidiendo que tome cartas en el asunto".
La única imputada en la causa
Es quien se desempeñaba como Madre Superiora del Carmelo, Luisa Toledo -conocida en la congregación como María Isabel de la Santísima Trinidad-, que tras ser separada de su cargo fue trasladada y en este momento se encuentra en una congregación de Buenos Aires y en tratamiento médico. Aclaró que "es ella sola porque dentro del Carmelo hay ciertas cuestiones a tener en cuenta como el deber de obediencia y el deber del silencio para lo cual las hermanas hacen un voto solemne, y ella se valía de eso y de la fe de las otras hermanas para obligarlas a obedecer. No surge que haya una autoría mediata o que haya alguna otra persona que haya colaborado en términos de participación penal".

"A la hora de imputar el hecho se considera que se agrava porque las dos privaciones que cometió duraron más de un mes: en un caso por aproximadamente seis años y en el otro un año y medio; y la otra circunstancia que agrava la figura es que se cometió la privación de libertad con violencia, porque enviaba a las personas a que se auto flagelen y ejerzan violencia contra sí mismas pero en exceso de lo que mandan las reglas del Carmelo. Es decir que estaba abusando de su autoridad", especificó.
La situación del convento hoy
En ese sentido, el fiscal sostuvo que "de acuerdo a testimonios de familiares y de las mismas hermanas" el convento "ha cambiado totalmente su forma de vida” y puntualizó que "las visitas ya no son supervisadas por una religiosa 'escucha' y pueden tener encuentros privados con sus familiares, han abierto el Carmelo para que se queden familiares con necesidad de atención médica para que las mismas internas los cuiden, y es muy significativo que sacaron todo el chapón que tapaba el frente del Carmelo y ahora se puede ver todo el jardín que mantienen diariamente las hermanas".
Las torturas del convento
Con ese título, la revista Análisis sacó a la luz la investigación que puso sobre el tapete los maltratos que sucedían al interior del claustro de monjas de Nogoyá. El trabajo de Daniel Enz fue premiado en el país y el exterior, donde recibió menciones de honor al periodismo de investigación.
Fuente: Análisis digital

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