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Juez Darío Mautone
Juez Darío Mautone
Juez Darío Mautone
Diez años después de la denuncia inicial, la denominada “Causa Codesal – Hotel Ayuí” sigue sin poder ser elevada a juicio. Mientras Fiscalía intenta dibujar una “línea recta y corta” que desemboque cuanto antes en el debate oral, la defensa se esmera en lograr un trazado sinuoso, enmarañado, laberíntico, que termine en la nada.

La audiencia de este miércoles tenía por propósito que el Juez de Garantías, Darío Mautone, respondiera al planteo de incompetencia de la Justicia provincial que había formulado Osvaldo Sarli, defensor de Luis Mazurier, expresidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande y principal imputado, a quien fiscalía acusa por “peculado”, entre otros delitos. En los primeros minutos, el Juez de Garantías Darío Mautone rechazó de plano el pedido de que la causa pasase al fuero federal. Posteriormente, los abogados Osvaldo Sarli, José Luis Bukténica y Jorge Romero alegaron en favor del sobreseimiento de sus defendidos, Luis Alberto Mazurier, Cintia del Rosario Mengeon, Alberto Jesús Villanueva, María Florencia Lauría y Teresita Bordón.

Intervino entonces el fiscal de la causa, José Arias, en abierta oposición a lo solicitado por los defensores. El representante del Ministerio Público Fiscal insistió con el pedido de elevación a juicio de la causa, una investigación que inició en 2010 el entonces fiscal Aníbal Lafourcade.

Tras escuchar a las partes, el juez Mautone optó por desestimar el planteo de sobreseimiento de los acusados, lo que habilitó a que se avanzara en la revisión de la prueba para el futuro juicio.

Pero cuando estaban abocados a esa tarea, Sarli sacó un nuevo as de la manga: planteó la “prescripción” de dos de los delitos que se le atribuyen a Mazurier, uno de ellos haber omitido la inscripción en AFIP de la CODESAL, organismo que presidía, y que cobraba la entrada al camping La Tortuga Alegre y a los complejos termales sin tener CUIT y, por ende, sin emitir factura de ley.

Tras escuchar a Sarli, Mautone consideró pertinente suspender una vez más la audiencia, a la espera de un informe que fiscalía debe elevar al Registro Nacional de Reincidencia, y mientras se verifica si Mazurier ocupó algún cargo público desde 2016 en adelante, todo lo cual servirá para evaluar el planteo de prescripción.
Fuente: El Entre Ríos

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