El trámite, a cargo de la jueza de Garantías Marian Electra Barbagelata, había sido programado para este miércoles 4. Pero se estableció una nueva fecha: miércoles 11 de agosto, a las 16.
El aplazamiento se produjo en respuesta a un pedido de los propios representantes del Ministerio Público Fiscal. En primer lugar, dijeron en la presentación ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), la fiscal Yedro «tiene licencia solicitada y concedida con anterioridad para los días 3 y 4 de agosto del año en curso por motivos personales en tanto que el Dr. Aramberry tiene prevista la realización de audiencias en sede de Fiscalía, fijadas también con anterioridad, para el día 5 de agosto».
«Siendo esta una audiencia en la cual se va a tratar el apartamiento de los suscriptos de la investigación, es indispensable que se desarrolle con nuestra asistencia por lo cual solicitamos la reprogramación de la audiencia fijada por la Sra. Directora, a partir del día 6 de agosto, dejando desde ya expresada nuestra intención de concurrir personalmente a la misma», argumentan lo fiscales.
La fijación de la audiencia de recusación ocurrió después de que la jueza Barbagelata se declarase competente para seguir tratamiento la causa de los contratos en la Legislatura, y de ese modo el rechazo al pedido de inhibición formulado por el juez federal Daniel Alonso. La consecuencia es que ahora el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima la competencia.
«Habiendo la Señora la Jueza de Garantías N° 1 de Paraná denegado la inhibición requerida, manteniendo de esta forma la procedencia del fuero ordinario y la competencia de la Justicia de la Provincia de Entre Ríos para seguir entendiendo en la causa caratulada Beckman Flavia Marcela s/ Defraudación a la Administración Pública. Asociación Ilícita –Legajo de O.G.A. N° 10.668 (Legajo de Fiscalía N° ° 87.993) y, no reconociendo esta Magistratura tal competencia y jurisdicción, corresponde hacer saber a la misma que se mantiene la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Paraná –con competencia electoral- y que, en consecuencia, se elevarán las actuaciones a la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación –superior común-, invitando a la Señora Jueza de Garantías N° 1 de Paraná a remitir las propias al citado superior común, al haber quedado trabado el conflicto positivo de competencia», dice la resolución de la Justicia Federal.
Las recusación fue presentada a principios de junio por los defensores de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, de Alfredo Bilbao, Ariel Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea De Martín, Nicolás Beber, Sergio Esteban Cardoso, Fabián Jorge Lázaro, José Javier Schneider.
Planteos contra los fiscales
Al plantear la recusación, en líneas generales los letrados invocaron una violación del principio de objetividad en el escrito de remisión a juicio. Algunos cuestionaron el rol que tuvieron en 2019, cuando se conoció que la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche -quien se apartó del caso- compartió un fideicomiso y una relación comercial con el imputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento.Tras el rechazo por escrito, ahora se realizará una audiencia donde el Jefe de Fiscales, Jorge García, y la fiscal de Coordinación, Mónica Carmona, deberán discutir el asunto en audiencia.
Cabe señalar también que a principios de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y solicitaron a la jueza de Garantías la elevación de la causa a juicio.
Sin embargo, un mes después, el miércoles 9 de junio, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Edgardo Daniel Alonso, declaró la competencia de la Justicia Federal para entender en la causa y requirió el expediente a la jueza Barbagelata.
Recientemente, la magistrada rechazó que el expediente pase a la Justicia Federal. Por tanto, se dio un conflicto de competencia que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La causa
La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.El 1º de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y presentaron el pedido de elevación a juicio del expediente. En el escrito, de más de 500 páginas, sostienen que el monto sustraído de la Legislatura en el período investigado asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.
Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
