La fiscalía pidió, entonces, que Aguilera y Almada nombren nuevo abogado -y por eso la audiencia de este jueves- y respecto de Fouces, el Tribunal de Juicio y Apelaciones resolvió que por cuanto se encuentra en proceso de evaluación por parte del médico forense Luis Molteni, y en razón de que no se ha tratado el cambio de abogado, se dispuso que continúen ejerciendo la defensa del empresario Fernando Montañana, los letrados Félix Patricio Pérez y Sebastián Rodrigo Arrechea.
En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador-, a quien la fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada -pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada -cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del entonces Ministerio de Cultura y Comunicación.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera, a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018 apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los 3 millones de pesos, aunque en forma global la estafa es del orden de los 12 millones.
La fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante, pero en el acuerdo abreviado el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional.
