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En el marco de la audiencia de apelación realizada ante la Cámara de Casación Penal, solicitada por los abogados defensores del sacerdote, los fiscales que defienden la condena de 25 años de cárcel sostuvieron que “cuando la sentencia quede firme, Ilarraz deberá cumplir la pena en la cárcel”. El sacerdote Justo Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores y abuso deshonesto en el Seminario de Paraná.
El cumplimiento de la pena
Al ingresar al recinto de Tribunales, los fiscales Álvaro Piérola y Juan Francisco Ramírez Montrull, defendieron “en todos los términos la condena que se le impuso, porque ha receptado el interés de las víctimas”.

“Ilarraz está en una detención domiciliaria, privado de su libertad en un departamento de Paraná. Cuando las instancias vayan confirmando su responsabilidad y quede firme la sentencia, el mismo deberá cumplir la pena en una cárcel común, como cualquier ciudadano”, resaltó Piérola.

En tal sentido, corroboró que “la prisión domiciliaria no fue violada. Tiene un dispositivo electrónico que lo controla. Se activó en dos oportunidades, pero era una cuestión de sistema, porque había una parte donde la señal no lo captaba. Pudimos comprobar que esto fue así”, manifestó. Por otro lado, la defensa del sacerdote insiste con la prescripción de la causa y “no le creen a las víctimas, lo que es revictimizante”, definió Piérola.

Ramírez Montrull, por su parte, expresó que “las víctimas están bregando para que cumpla su pena en la Unidad Penal”. Y completó: “Hay otras víctimas que no declararon como tales, sino solo como testigos por lo que implica poner en conocimiento un abuso sexual”.

El 21 de mayo de 2018, el Tribunal de la Cámara I del Crimen, Sala II en transición de Paraná, resolvió por unanimidad declarar a Justo José Ilarraz “autor material y responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores agravada y abuso deshonesto agravado en concurso real”.

Asimismo se revocó la excarcelación y se dispuso la prisión preventiva de Ilarraz, bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

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