El magistrado cree que Tavi Celis dirigía la organización desde su celda en la cárcel de Federal, donde estaba recluido, y que financiaba la actividad con fondos provenientes de un acuerdo político celebrado con Varisco durante la campaña electoral de 2015 y también con fondos propios generados por la propia venta de cocaína; y que el intendente, el concejal Pablo Hernández y la policía Griselda Bordeira adquirieron al menos seis ladrillos de cocaína entre el 20 de abril y el 2 de mayo de 2018 y que pagaron una suma de entre 150.000 y 165.000 pesos por cada uno, con la finalidad de distribuirlos en Paraná y Concordia para su comercialización.
Varisco estuvo durante casi dos horas ante el juez e hizo una declaración en la que negó las imputaciones: “Yo no he comercializado nunca droga, nunca adquirí ni un gramo de cocaína ni un kilo, más aun, no tengo ninguna adicción; no financié ni tuve contacto con ninguna de las personas que se mencionan. No he hablado nada con ellos, no he financiado nada con ellos”, aseveró el jefe comunal.
En otro tramo de su declaración, Varisco reconoció que “no se siente bien por estar imputado en una causa tan grave”, pero aseguró que no ha participado “de ninguna banda delictiva” ni ha realizado aportes de fondos públicos ni de su bolsillo “a ninguna persona para financiar nada” relacionado con el narcotráfico.
Declaraciones cruzadas
El año pasado, cuando declaró como testigo en otra causa que tenía a Celis como imputado por delitos de narcotráfico, había dicho que lo conocía por la actividad política. Ahora aseguró que “nunca” hizo un acuerdo con Celis y que no conoce a Luciana Lemos, la pareja del líder de la organización narcocriminal, por lo que negó haberse reunido con ella el 27 de abril de 2018 en el Palacio Municipal, ante una pregunta del juez Ríos. “Nunca hablé con Luciana Lemos ni le he dado plata a Hernández para financiar esto”, agregó Varisco en otro tramo de su declaración.El intendente fue consultado también por unas anotaciones a mano que la Policía Federal secuestró en los allanamientos realizados el 8 de mayo pasado en su despacho en el Palacio Municipal y en la casa familiar. Explicó que tiene “una forma compulsiva de anotar” todas sus actividades, “desde reuniones, gastos menores, como ser en un kiosco o nafta” y que siempre anota “el monto y concepto” e incluso “también anotaciones de campaña… reuniones, gastos pequeños; es una cuestión compulsiva”, insistió.
Prestamos de plata, de Varisco a Hernández
El magistrado le preguntó además por una serie de anotaciones referidas a montos de dinero que le habría entregado al concejal Hernández entre diciembre de 2017 y enero de 2018 que hacen un total de 44.000 pesos, a lo que respondió: “Puede ser que me haya pedido como 10.000 pesos, una o dos veces, para actividades de campaña, para ayudar a un amigo. Pero no le di plata para que le lleve a esta banda”. Luego agregó: “A veces es un pedido que me hace, no todo es pago; pudo haberme pedido por cuestiones políticas, pero nunca salió del erario municipal o de mi bolsillo nada que tenga que ver con pagar a una banda delictiva”.En otro tramo de la declaración, el jefe comunal reiteró: “Nunca he hecho aporte del erario público ni de mi bolsillo a ninguna persona para financiar nada; yo no he participado de una banda (…) El dinero de Hernández es para actividades políticas”. Incluso dijo Varisco que en la época de campaña “se aumentan los gastos” y “se le pide un aporte más fuerte a los funcionarios y se hace en mano”.
Los camiones recolectores para el traslado de droga
El 28 de mayo de 2017, policías federales irrumpieron en un campo en momentos en que integrantes de la banda de Tavi Celis descargaban más de trescientos kilos de marihuana desde una avioneta y desarticularon la organización. La investigación había revelado, un preocupante nivel de penetración del narcotráfico en la estructura municipal y, entre otras cosas, el uso de camiones recolectores para trasladar la droga de un lugar a otro.Sobre eso, Varisco mencionó una serie de medidas que se adoptaron luego de aquel episodio, “como por ejemplo que cada vehículo tuviera un GPS”, se colocaron cámaras y hay un plan para instalar más cámaras en la vía pública, con una inversión de 4 millones de pesos; y se designó “al teniente coronel retirado (Osvaldo) Ghidone en la Unidad Municipal 2 y al ex comisario Ricardo Frank en Servicios Públicos”. También mencionó el desplazamiento de Bordeira de la Subsecretaría de Seguridad “luego de lo que pasó, de la declaración testimonial, cuando tomamos conciencia de lo que era Celis”. Explicó además que “con el gabinete siempre se habla de extremar todos los cuidados”.
