El empresario pidió que declaren todas las personas que participaron de la investigación privada que derivó en la autodenuncia de Securitas, así como directivos y empleados de la empresa. Tórtul también presentó evidencia de que percibía ingresos a través de la firma Tornell SA de varias compañías a las que “atendía comercialmente”, con el objetivo de refutar la teoría de la acusación, que sostiene que todo el dinero de esa firma retornaba a Securitas.
“Saldrá a la luz que recibía ingresos mediante Tornell SA que no se relacionan únicamente con el servicio que Securitas brindaba a Enersa, lo que desmoronaría la teoría de la Fiscalía”, afirmó la defensa, anticipando que los testigos podrán detallar tareas comerciales realizadas en beneficio de clientes ajenos a la distribuidora eléctrica.
Entre las empresas mencionadas como clientes de Tórtul se encuentran Banco de Entre Ríos, Inc SA, Masisa Argentina SA, Resinas Concordia, Forestal Argentina SA, Petropack SA, Genneia SA, Salud Entre Ríos SE, Antoniazzi Hnos SA y Libertad SA.
La defensa cuestionó además la investigación privada realizada por la consultora G5 Integritas y solicitó que declaren los profesionales que intervinieron, entre ellos Mariana Idrogo, Diego Canto, Esteban Frontera, Pablo Miranda, Claudio Gioseffi y Fernando Peyretti.
Además, pidió la comparecencia de una extensa nómina de exdirectivos, empleados y asesores de la empresa de seguridad -locales y extranjeros- cuyos nombres, sostiene, resultan clave para verificar la legalidad de la pesquisa: Ángel Michetti, Brenda Ratto, Damián Rossi, David Petiluk, Diego Feinsilver, Diego Herrera, Eduardo Aberg Cobo, Eduardo O’Kelly Perez, Eugenia Nicoliello, Eugenio Di Luca, Fernando Russo, Gastón Corrado, Gonzalo Guimarey, Gustavo Duret, Gustavo López, Henrique Hernández Dávila, José Mogro Martínez, Juan Gestoso Presas, Juan Lacy, Juan Coletti, Juan Furlong, Laura Paladini, Leandro Miraglia, Lucas Rinaudo, Ludmila Vázquez Filas, Marco Gómez, María Miquel, María García Berri, María Lojo Casal, Martín Maestretti, Martín Rivas, Natalia Pereyra, Néstor Perrone, Oscar Sagasti, Pablo Arias, Patricia Sclocco, Patricia Lindblom, Roberto Gómez, Rolando Vázquez, Sebastián Cruzado, Silvina Botello, Sonia de los Santos, Tomás Schotz, Vanina Mendiondo, Verónica Brandan, Verónica Solorzano y Viviana Folgar.
El planteo también incluye a empleados de la Regional Litoral de la compañía, donde Tórtul se desempeñaba, entre ellos: Estela Pérez, Lorena Bernuchi, Paola Amarillo, Miguel Díaz, Ariel Esquivel, Ramón Santillán Kolornicki, Dionisio Almada, Hernán Degrugiller y Jorgelina Villa.
El empresario denunció que las entrevistas a estas personas se realizaron “sin control jurisdiccional y fuera de la intervención de las defensas”, por lo que considera inválida su utilización en el proceso. Tórtul recordó que la Cámara de Apelaciones ya había señalado que esas diligencias privadas no pueden ser valoradas en sede judicial mientras no se convoque a sus protagonistas, y advirtió sobre la urgencia de citarlos, dado que la pesquisa lleva más de cuatro años.
Además, el empresario solicitó acceso a toda la información secuestrada en dispositivos electrónicos y pidió que Securitas Argentina aporte correos y documentación sobre la transferencia del contrato con Enersa a Segar Seguridad, así como su acuerdo de desvinculación, considerando esa prueba “esencial” para demostrar que los pagos recibidos no estaban vinculados al negocio con la distribuidora eléctrica.
“La desigualdad de armas entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas resulta insostenible”, señala el escrito, que subraya la obligación de la jueza de “velar por la efectividad de la garantía de defensa en juicio” y de controlar la veracidad de los dichos de la empresa denunciante.
Con este planteo, Tórtul busca habilitar la incorporación de testimonios y documentos que, según su defensa, podrían revertir la acusación en su contra y exponer irregularidades en la actuación de Securitas.
