Lambruschini y Garrote representaron a Diego Urba y María José Cuestas; Cullen y Vartorelli defendieron a Mirta Graciela Gueler y José Daniel Romero y Carlos Alberto Canosa (hermano del ex titular de Sidecreer).
Al inicio de la audiencia, los imputados se presentaron a pedido de la jueza Firpo. Indicaron su domicilio, estado de salud, y profesión. Todos recalcaron que no tienen antecedentes penales. Alicia Cuestas, cuñada del ex titular de la tarjeta, no fue acusada, por lo que no estuvo en la audiencia.
Canosa, Gueler y Romero
Carlos Alberto Canosa (44 años, casado con Alicia Cuestas) y su suegra Mirta Gueler (62 años) acordaron realizar trabajos en su taller de costura, que tienen en calle José María Suviría al 1175, durante un año y medio, dos horas semanales. La Oficina de Medios Alternativos (OMA) dispondrá para qué institución sin fines de lucro o del Estado realizarán los trabajos. A Gueler y Carlos Alberto Canosa se les compró indumentaria por diferentes sumas de dinero mientras Juan José Canosa, hermano de aquel, era titular de Sidecreer.
En tanto, José Daniel Romero (61 años), dueño de la firma JDR, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa), acordó realizar trabajos comunitarios, en cualquier institución pública o privada sin fines de lucro, en el rubro en el que se especializa, la construcción, dos horas semanales durante un año y medio.
Según detalló el fiscal Brugo en la audiencia, el hombre realizó tareas de albañilerías para Sidecreer por las que cobró diferentes sumas de dinero. El 27 de agosto de 2013 se le pagó más de $ 78 mil; y en los años siguientes recibió pagos que van de los $14 mil a los $3 mil.
Trabajos para una fundación
María José Cuestas ( 47 años) y su esposo Diego Urba (47) acordaron realizar trabajos comunitarios: tareas de capacitación en la fundación "Los sin Techo", en Santa Fe. Dicha fundación está a cargo del programa "Volver a estudiar", que está dirigida a personas de bajos recursos y que tiene modalidad online.
Las capacitaciones serán por 4 horas semanales durante un año, y se comprometieron a donar dos computadoras en uso pero que estén en condiciones para ser utilizadas. Además, le donarán $5 mil a la misma entidad. La jueza hizo lugar al pedido. Cuestas es presidenta de la empresa Excelcom, y Urba, que es ingeniero en sistemas, es su director comercial. Ambos tienen 3 hijos y residen en Santo Tomé, en Santa Fe.
La compañía de insumos informáticos fue contratada en diferentes oportunidades por la gestión Canosa en Sidecreer, entre 2007 y 2015. Cuestas es hija de Mirta Gueler y Néstor Cuestas; su hermana está casada con Alberto Canosa.
Los contratos
En la audiencia, el fiscal Santiago Brugo leyó los cargos por los que fueron imputadas las cinco personas vinculadas a Juan José Canosa, hoy en la asesoría legal de la Cámara de Diputados que preside Sergio Urribarri. Detalló que se los acusó de ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que se dio entre el 21 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2015, período en el que Canosa estuvo al frente de la tarjeta estatal.
Durante ese lapso de tiempo, Canosa contrató a sus parientes. A la firma Excelcom, de María José Cuestas y Diego Urba, le compró insumos informáticos por diferentes cifras. Por ejemplo, Brugo detalló que el 1 de febrero de 2009 Sidecreer les pagó $83 mil; el 31 de agosto de 2010, $51 mil; el 14 de junio de 2011, poco más de $40 mil; el 18 de octubre de 2011 lo hizo por $52.220; el 27 de junio de 2012 por más de $59 mil; y así sucesivos contratos que llegan hasta 2014, cuando, por ejemplo, se le pagó 23.404 dólares, el 7 de enero; y 82 mil dólares el 5 de noviembre de 2014.
El fiscal también informó a la jueza Firpo que la fiscalía consensuó la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa ya que "hubiere sido un dispendio de tiempo por cuanto no hemos podido constatar perjuicio patrimonial al Estado" y manifestó que les pareció razonable el tiempo y los lugares ofrecidos por los abogados defensores para que sus clientes desarrollen las tareas comunitarias. El acusador público recordó que los imputados no son funcionarios y que por ello el instituto de la probation puede utilizarse en este caso.
Al momento de la resolución, la jueza de Garantías Paola Firpo se manifestó de acuerdo con la visión de que el instituto de la suspensión del juicio a prueba es procedente, por lo cual hizo lugar a la misma.
Pero en la causa, sigue imputado el principal responsable de los delitos que se sospechan, el extitular de Sidecreer, Juan José canosa.
Cabe recordar que los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo ya solicitaron remitir a juicio oral y público al ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, por negociaciones incompatibles con la función pública. Aún resta que se realice la audiencia de remisión a juicio.
