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Crédito: Entre Ríos Ahora
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Adrián Meynier, extesorero de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), recibió este martes una pena condicional de tres años por el delito de usura.

El ex tesorero prestaba servicios en el Departamento Alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la UNER. Había organizado un sistema de “ayuda” económica para los beneficiarios de planes sociales, que debían recurrir a estas alternativas, para poder obtener fondos para adquirir más productos de primera necesidad para sus domicilios. Meynier fue condenado por el delito de usura, no por el cobro de tasa, sino porque no se encontraba habilitado para hacerlo.

Además, el acusado acordó realizar 96 horas globales de tareas comunitarias y la entrega de 405.000 pesos a una entidad de bien público. Ese es el monto que se le secuestró en la causa. Por otra parte, su pareja Sixta Ibarra acordó probation (suspensión de juicio a prueba) por un año y 96 horas globales de tareas comunitarias.

El juez no resolvió aún, ya que dispuso un cuarto intermedio para analizar el legajo y el acuerdo. Luego se anunciará la fecha para dictar sentencia.
El caso
El sábado 7 de mayo de 2022 una persona denunció al 911 un movimiento sospechoso en cajeros de calle 25 de Mayo de Paraná. Allí, una mujer de mediana edad estaba extrayendo dinero con 22 tarjetas de débito. La maniobra de alerta llevó al personal de la División Delitos Económicos de la Policía hasta una vivienda del barrio Brisas del Oeste, donde habita la señora y su pareja, el extesorero de la Asociación del Personal No Docente de la UNER (Apuner).


En la vivienda, los agentes encontraron dinero y en el vehículo que manejaba el extesorero gremial contaron 270.000 pesos en efectivo.
Al día siguiente, una consigna policial de civil hizo guardia en la zona del gremio, ubicado en calle Alem 957. El agente esperó hasta que llegó la pareja de la mujer, apresurado por entrar a la sede sindical. Allí fue interceptado y en el procedimiento de requisa, secuestraron documentación de interés.

En ese momento, los investigadores manejaron una hipótesis principal: el funcionamiento de una financiera dentro del gremio. Se pudo establecer que el extesorero Adrián Meynier (con la colaboración de su pareja, una mujer de apellido Ibarra) prestaba dinero a personas vulnerables, beneficiarios de planes sociales. Los montos iban de 5.000 a 10.000 pesos. Como garantía, el prestamista se quedaba con las tarjetas de débito de los individuos que accedían a los créditos.
Varias puertas
En principio la causa estuvo a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, porque se pensó una vinculación con la conocida “causa de los contratos truchos”, pero con el avance de la investigación se supo que no tenían conexión. De modo que el legajo quedó a cargo del fiscal Laureano Dato quien finalmente, tras varios meses de espera de pericias y declaración de testigos, la encuadró en el delito de Usura.

También se desvinculó a las autoridades del gremio Apuner, como de la propia Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Dato entendió con la acumulación de las pruebas que el hombre, valiéndose de situaciones vulnerables de las personas, aprovechó y retuvo las tarjetas de planes sociales. Incluso, en algunos casos, no retornó más la tarjeta. La abundante documentación secuestrada en los allanamientos fue analizada y peritada, y allí se apuntó la idea que el acusado avanzaba con sus actividades ilegales en la sede gremial y la Facultad de Ciencias Económicas.

En el marco de la causa también se recibieron testimonios. “Es claro que esta persona ofrecía préstamos en Apuner y en la facultad. Eran montos chicos de dinero. Pero en algunos casos, la devolución era por más del doble. Hasta ahora entendemos que las autoridades de Apuner no estaban en conocimiento de la situación. De hecho, colaboraron con la información”, manifestó en su momento el fiscal.

En la reconstrucción de los delitos, se entiende que una persona solicitaba el préstamo, como garantía dejaba la tarjeta de débito a partir de la cual se cobraba un plan social. El prestamista, con tarjetas bancarias en su poder, cobraba mes a mes hasta alcanzar el monto pactado de devolución. En algunos casos, cuando se llegó a cubrir ese momento, el prestamista no devolvió la tarjeta de débito.

Una vez consolidada la prueba, el fiscal Dato imputó formalmente a Meynier por el delito de Usura agravada por la habitualidad. Esta figura penal es muy incómoda para cualquier investigado, porque hay una acusación de mayor responsabilidad al de una usura común que tiene una pena de entre un año y seis años de prisión. Con el agravante, se partía de una condena de 3 a 6 años, lo que pone a cualquier investigado a las puertas de una prisión efectiva en caso de ser condenado.

En este caso, los abogados defensores Pedro Fontanetto y Germán Palomeque, buscaron la falta de antecedentes penales y la existencia en el mismo expediente de una gran cantidad de testimonios que “no repudiaron” la actividad de Meynier, como estrategia para aliviar la situación judicial, cuestión que finalmente se dio, ya que el acusado recibió una pena condicional de tres años.
Fuente: Uno Entre Ríos - Entre Ríos Ahora

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