El intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, ordenó la realización de una información sumaria en el ámbito del Juzgado de Faltas N° 3, y decidió echar a la titular de ese juzgado, Silvina María del Luján García, al dejar sin efecto “la designación dispuesta por decreto N° 66/15 de fecha 18 de diciembre de 2015”, durante la administración de Sergio Varisco.
La separación del cargo de García se dispuso a través del decreto N° 91, del 22 de enero último, que tomó los argumentos de un dictamen del secretario Legal de la Municipalidad, Pablo Testa, y señaló que “si se procedió a su nombramiento interino, se entiende que el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente debería remover del cargo preventivamente a la Dra. Silvina María del Luján García (…) al aparecer indicios de una ausencia de buena conducta y ceñimiento a aspectos legales” por parte de la magistrada.
La medida se adoptó en el marco de una investigación que tuvo un inicio azaroso en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Sucedió que un ciudadano, Tomás Valentín Banegas, llegó a la Mesa de Entradas del Juzgado de Faltas y pidió un turno “para la devolución de su vehículo, retenido el 14 de noviembre”.
Cuando se presentó a pedir que le devuelvan el vehículo retenido en un operativo, el 20 de noviembre de 2020, los empleados le informaron a Banegas que debía abonar una multa de $61 mil. La perplejidad se hizo lugar cuando el hombre contó que el 3 de septiembre de 2020 había podido recuperar una moto retenida sólo con el pago de $10 mil “a un empleado del Juzgado de Faltas sin más detalle; y que desea volver a arreglar lo que debía”.
La tesis de la defensa de la abogada García, que fuera titular del Juzgado de Faltas N° 3, es que si se quiere investigar un delito de cohecho (coimas), hay que ir por el sujeto activo y también por el sujeto pasivo: el que cobra pero también el que paga. José Velázquez, defensor de García, acuerda con la tesitura del fiscal Gonzalo Badano, a cargo de la investigación que se abrió tras la denuncia de Testa, de allanar al tal Banegas, el hombre que quiso recuperar un vehículo secuestrado del mismo modo que había hecho con su moto: por izquierda.
La mirada de la Justicia no sólo se posa entonces sobre la exjueza de Faltas y el ciudadano que contó de qué modo había conseguido recuperar un vehículo secuestrado mediante un libre deuda exprés, sino también sobre un particular que actuó de intermediario, Víctor Herrera, y sobre un empleado de la Municipalidad que habría cumplido el rol de gestor.
«El sumario que inició la Municipalidad de Paraná apunta solamente a la doctora García. Pero la Justicia tiene una mirada mucho más amplia», señala el defensor Velázquez.
Ya se dispuso apertura de la causa, caratulada «Testa Pablo s/Denuncia», y se inició la investigación penal preparatoria, que quedó a cargo del fiscal Gonzalo Badano. Entre las primeras medidas, se efectuaron allanamientos en el domicilio de Tomás Banegas, el particular cuya denuncia disparó la investigación sobre supuestos desmanejos en el Juzgado de Faltas N° 3; de Víctor Herrera, amigo de Banegas, y quien habría gestionado el pago para conseguir recuperar una moto que había sido secuestrada en un operativo de tránsito al constatarse que el conductor carecía de licencia.
El tercer allanamiento fue en la vivienda de un trabajador de la Municipalidad de Paraná, Guillermo Nicolás Lazaneo, empleado municipal con desempeño en la oficina de obtención del registro de conducir de la Municipalidad de Paraná, quien habría sido el intermediario para recuperar aquel motovehículo secuestrado.
En el marco de la investigación, el fiscal Badano requirió también al Gabinete de Informática Forense que fije fecha y hora de inicio a fin de proceder a efectuar la extracción de la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados pertenecientes a Guillermo Lazaneo, Víctor Herrera y Silvina María del Luján García, «accediendo al registro de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, servicio de mensajería instantánea, correo electrónico, fotografías, documentos y todo otro dato de interés al hecho que se investiga, obrante en los teléfonos celulares secuestrados, en el período comprendido desde el día 01/08/2020 hasta la actualidad».
El alerta de la situación enojosa lo dio Mariela Ballesteros, jefa del Departamento Acreditación y Financiación de Pagos y directora de la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Faltas. Así, luego del reclamo, se investigó en el sistema informático y se encontró la resolución de la jueza García de “eximir de sanción y devolución” de la moto mencionada por Banegas con un detalle peculiar: se autorizó a retirar el motovehículo secuestrado a un empleado municipal, Guillermo Lazaneo, que luego lo entregó en el domicilio de su titular. La jueza García había borrado de un plumazo la deuda por multas y había otorgado un libre deuda.
El decreto firmado por Bahl detalla que en el expediente “no obra autorización» de Banegas a Lazzaneo “para que tramite el Libre Deudas y proceda al retiro del bien”. El detalle abre un panorama más preocupante: la implicación de empleados de otras áreas en maniobras irregulares.
Banegas concurre el 20 de diciembre al Juzgado de Faltas y fue recibido en audiencia por el juez de Faltas Amado Siede. En esa oportunidad, describe “que había sido anoticiado de una multa de $61 mil y que le habían ofrecido” retirarla, extendiéndole el Libre Deuda, y entregándole la moto retenida, la que fue llevada a su domicilio”.
El decreto firmado por Bahl señala que “la magnitud de las conductas y sus consecuentes responsabilidades ameritan una investigación disciplinaria que permita mensurarlas en todos sus extremos, toda vez que puedan proyectarse consecuencias administrativas graves y de índole penal”.
El dictamen del área legal de la Municipalidad señala que “en primer lugar se deber determinar las circunstancias de modo, tiempo y espacio que aconteció en la especie, hecho concreto, para desde allí analizar posibles autores y en su caso, grado de responsabilidad, de forma de poder discernir responsabilidades emergentes”.
Descargo
La exjueza García dijo que se trató de una vendetta por razones políticas a partir de su militancia radical.«La verdad que era algo que me esperaba. Me lo estaban advirtiendo algunos funcionarios de que esto podía suceder en algún momento por algunos artilugios del secretario Legal y Administrativo», dijo durante una entrevista con Entre Ríos Ahora.
«Se está hablando de hechos de corrupción. Yo voy a aclarar una cosa. En el área del Juzgado 3, y en mi oficina, no tengo internet, ni sistema informático. No tengo nada. No puedo condonar deuda a nadie. La única que maneja el sistema informático es una sola persona –se refiere a Mariela Ballesteros, jefa del Departamento Acreditación y Financiación de Pagos y directora de la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Faltas, cuya denuncia inició la investigación-. Estuve discriminada durante toda esta gestión. ¿De qué estamos hablando? Recién me pusieron internet la última semana después de estar rogando. Yo he absuelto y he perdonado (multas de tránsito) a muchos médicos y enfermeros en medio de esta pandemia, que le molestaba al secretario Legal y Técnico en su afán recaudatorio. Siempre he sido un escollo para todos los hechos de corrupción de ellos. Esto claramente tiene finalidad política. Pero toda la evidencia la vamos a presentar en la Justicia», aseguró.
