En diálogo con “Despertá con Nosotros” por Oíd Mortales Radio, Grumbaum reveló que las autoridades de la Clínica tienen pactado un encuentro con representantes de la UGL Concordia del PAMI “para ver si se puede suscribir un anexo al contrato para ofrecer un número mayor de camas y, como contraprestación de eso, que haya un aumento del valor de las cápitas de alrededor del 30%, y así paliar, no en su totalidad pero sí en gran parte, el déficit que venimos arrastrando desde principios de año”. Al describir el complejo escenario financiero de la salud privada, el profesional precisó que “los insumos, los medicamentos, el material descartable, en estos últimos meses han aumentado exorbitantemente, muy por arriba del índice general de inflación. En abril la inflación fue de 8,8 y nosotros hemos tenido un 15% de aumento en medicamentos, suero y demás. Además, están abiertas las paritarias con el Sindicato de la Sanidad. Hasta el momento se fueron acompañando los aumentos acordados, pero llega en un momento en que esos aumentos sobrepasan nuestras posibilidades y nos pone en dificultades, por ejemplo para pagar el mes que viene el medio aguinaldo. Tenemos deudas con proveedores que han sido refinanciadas”, agregó.
Grumbuam insistió en dejar en claro que lo que vive Clínica de la Unión “no es un tema aislado. Es un problema que se repite a lo largo y ancho del país. El Sanatorio Concordia está en una situación similar, Clínica Uruguay también. En Paraná está el ICER (Instituto Cardiovascular Entre Ríos) que también está en una situación muy delicada y no sé si va a poder seguir trabajando”.
-¿El dólar, las devaluaciones, la actual suba, agravan el escenario?
-Sí, por supuesto. La mayoría de los insumos son o importados o fabricados con materias primas importadas, así que el dólar impacta en forma directa.
-Más allá del valor del arancel que reconocen PAMI y el IOSPER, ¿hay problemas con los plazos de pago? En tiempos inflacionarios, los atrasos desfinancian.
-En cuando a PAMI, nosotros recibimos los pagos en forma mensual. Por supuesto, tienen un retraso entre 60 y 90 días. Nosotros a fin de mayo estaríamos cobrando lo facturado en marzo. El IOSPER también hace pagos mensuales pero en este caso puntual hay un atraso arancelario y no solo eso. También hay atrasos en la aprobación de internaciones que ya se han hecho. Se envía toda la documentación online y después pasan 8, 10, 15 días hasta que se autoriza esa prestación. Tenemos auditorías posteriores en prácticas complejas que se retrasan varios meses y eso lleva a que cobramos una prestación de hoy dentro de 3 o 4 meses, en el mejor de los casos. En un contexto inflacionario, eso va en detrimento de los ingresos. Es algo crónico esto.
-Entre los financiadores, están también las “prepagas”. ¿Hay tironeos con ellas? ¿Intentaron esas empresas trasladar a los prestadores el costo de la retracción del valor de las cuotas a valores de enero?
-Con las prepagas pasa lo mismo. En general, no tienen prestadores propios, salvo en algunas ciudades muy grandes, y también están atrasados en cuanto a los valores prestacionales. Las cuotas aumentan, pero los valores que nos pagan a los prestadores no aumentan en la misma proporción. Es un gran negocio financiero para las empresas, pero no se traslada esos incrementos exorbitantes que han tenido algunas a los prestadores.
-Esta crisis del sistema de salud, ¿perjudica prácticas y estudios, que deban postergarse?
-Se han combinado varios factores. Muchas veces estudios de alta complejidad se han retrasado por falta de insumos. Con los aumentos diarios de precios en el material de contraste para tomografías, resonancias y demás, se han retrasado porque no había o el stock de los proveedores era mínimo y no querían o no podían vender, porque no sabían a qué precio hacerlo. Muchas instituciones han decidido, por ejemplo en cirugías traumatológicas, operar solo las urgencias que no se pueden dejar de lado, y ralentizar las cirugías programadas.
Todas estas son cuestiones que se derivan del problema central, que es el financiamiento del subsistema privado de salud. El 50% de las prestaciones de salud las realizan los privados.
-Cuando salió reflejada en los medios la situación extrema de la Clínica La Unión y el riesgo de cierre, ¿se contactaron con ustedes desde el poder político, sea de Nación, la provincia o la ciudad?
-Hemos tenidos solamente una reunión con gente del municipio para tener algún beneficio impositivo, para retrasar el pago de tasas municipales. Hemos tenido una buena respuesta del intendente de Chajarí. De parte de las autoridades provinciales, no hubo contacto alguno. A nivel nacional, con nuestro principal financiador, el PAMI, hemos tenido una comunicación para ver si podemos llegar ese anexo al contrato para esta nueva modalidad, que nos permitiría recibir un 30% del valor de las cápitas que recibimos habitualmente.
-Los prestadores del interior, ¿cómo hacen para hacerse escuchar? Por ejemplo, los sanatorios de Concordia cuentan con una cámara que los agrupa y a través de la cual canalizan sus reclamos.
-Para el diálogo con las obras sociales, nosotros hasta el momento estamos representados por la Asociación de Clínicas de Entre Ríos, con las dificultades del caso. En el caso de la negociación paritaria con el sindicato, ni siquiera la lleva adelante ACLER sino a través de CONFECLISA a nivel nacional. Estamos representados.
Por otra parte, ya que mencionó a Concordia, estamos en contacto, en forma permanente, con la gente de esa ciudad, por una cuestión de cercanía, afinidad y conocimiento mutuo. Inclusive nos han invitado a acercarnos a la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia, que tiene otra forma de negociación, más directa, para sus asociados, pero que también tienen dificultades más o menos parecidas a las nuestras. La negociación directa de una clínica del interior del país con los financiadores es prácticamente imposible. Hay que hacerlo a través de las organizaciones intermedias.
