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La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto de ley que busca limitar los aumentos de las tarifas de servicios públicos a la evolución de los salarios. El Gobierno anticipó que lo vetará.

La iniciativa obtuvo 133 votos a favor, 94 en contra, 26 ausentes y tres abstenciones. La cifra muestra la cohesión que generó el proyecto entre los opositores, en una actitud calificada por el oficialismo como "demagógica". Mientras que el jefe de los senadores del PJ, Miguel Pichetto , anticipó ayer que la Cámara alta podría avanzar en la sanción definitiva en dos o tres semanas, el oficialismo ratificó que el Presidente tiene previsto vetar la iniciativa.

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Los votos entrerrianos
De los 133 votos positivos, cuatro corresponden a diputados entrerrianos. Juanjo Bahillo (Justicialista), Mayda Cresto (Justicialista), Juan Manuel Huss (FPV), Julio Solanas (FPV) votaron al proyecto de forma afirmativa.

Mientras que de los 94 votos en contra, cinco son de Entre Ríos. Los diputados Atilio Benedetti (UCR), Alicia Fregonese (PRO), Yanina Gayol (PRO), Jorge Lacoste (UCR), Marcelo Monfort (UCR) expresaron su voto negativo a la iniciativa.
El impacto de la reforma
De acuerdo con los cálculos del oficialismo el impacto fiscal de la reforma es de casi 80.000 millones de pesos en un año, mientras que la oposición sostuvo que rondará los 26.000 millones de pesos. La diferencia se explica en parte por los cambios de último momento, que moderaron la iniciativa.

El proyecto declara la emergencia tarifaria en materia de servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2019. Hasta ese momento y en forma retroactiva desde el 1° de noviembre de 2017, las tarifas no pueden aumentar por encima del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Para las Mipymes y las empresas recuperadas, los aumentos no podrán superar el índice de precios al por mayor (IPIM).

Como los incrementos de los últimos meses fueron en promedio mayores al 70% en gas y electricidad, y superiores al 25% en agua, la iniciativa prevé que, desde la sanción de la ley, las empresas distribuidoras tendrán un plazo de 60 días para acreditar la diferencia a favor de los usuarios beneficiados por la norma.

La última versión del proyecto excluyó del beneficio en gas y electricidad a los sectores de mayores ingresos, discriminados de acuerdo con sus niveles de consumo. Quedarán fuera del techo de aumentos los que consuman más de 600 kilovatios de electricidad y 143 metros cúbicos de gas por mes.
Formalización de la tarifa social
La iniciativa avanza también en la formalización del régimen de tarifa social, que hoy existe pero no está reconocido por ley. El proyecto propone además duplicar el monto subsidiado (de 150 a 300 kilovatios por mes) e incluir en ese régimen a los clubes de barrios. A último momento y ante las críticas del oficialismo, se incorporó un artículo para incluir dentro del paraguas de la nueva ley a las garrafas de gas licuado, cuya evolución tampoco podrá superar el CVS.
Fuente: La Nación

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