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En los Tribunales de Concepción del Uruguay son juzgados 14 sindicalistas pertenecientes a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que comanda en la provincia el diputado peronista José Allende. Los dirigentes están acusados del supuesto delito de coacciones contra el exdirector del Hospital Santa Rosa de Villaguay, Rubén Hernandez, durante una protesta en diciembre de 2016.
Primera audiencia
Este lunes 19 fue la primera audiencia del debate ante el Tribunal integrado por los jueces Mariano Sebastián Martínez, María Evangelina Bruzzo y Fabián Lopéz Moras. En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron los fiscales Nadia Benedetti y Mauro Quirolo; mientras que ejerciendo la defensa técnica de los gremialistas estuvieron los abogados Miguel Ángel Cullen y Alejandro Ortiz. Se espera que en las próximas audiencias se incorpore Guillermo Vartorelli, impedido de estar en el debate porque participa en otro juicio.

En la primera jornada, declararon cinco testigos, entre ellos Rubén Hernández, el exdirector del Hospital Santa Rosa de Villaguay, quien el 20 de diciembre de 2016 denunció que los gremialistas le exigieron de modo violento que desafecte de su cargo al responsable del servicio de ambulancias, Antonio Cáceres. Por esa denuncia se inició la causa y la Fiscalía imputó por el supuesto delito de coacción agravada a los 14 dirigentes de UPCN, que ahora están en el banquillo de los acusados.

Los gremialistas que enfrentan el juicio son: Martín Wense Bobadilla, secretario adjunto de UPCN; Claudia Jeckeln, secretaria general del gremio en Villaguay; y Carlos Faust, Silvana Monjo, Gloria Ojeda, Timoteo Velázquez, Juan Gómez, Damián Rodríguez, Juan Carlos Barreto, Mirian Barreto, Gisela Kuttel, Raquel Elsa Acosta, Andrea Vanesa Roldán y Lilia Marina Den Dauw.

Sus abogados defensores piden que sean absueltos, asegurando que no cometieron un delito sino que ejercieron su derecho a protestar. Además, consideran que se “está criminalizando la protesta en tiempos de ajuste”.

En la audiencia de este lunes, luego de los alegatos de apertura de la Fiscalía y de la defensa, declaró Hernández, que fue preguntado sobre los hechos sucedidos hace dos años en el Hospital Santa Rosa, cuando la dirigencia de UPCN realizó la protesta que incluyó la toma de su despacho. El exdirector del nosocomio compareció durante casi dos horas. Según comentó el fiscal Quirolo, el hombre relató los hechos “aunque refirió que no hubo una amenaza concreta hacía él. Sí dijo que fue un ingreso intempestivo y que se sintió avasallado por la actitud adoptada por los gremialistas”.

Ante el Tribunal también declaró el jefe de Policía de la departamental Villaguay, comisario Daniel Fabián Randisi y dos médicas colegas de Hernández. “Una médica hizo alusión de cómo vio a Hernández. Dijo que lo vio descolocado, asustado y que fue un hecho vergonzante, no sólo para la institución sino para toda la ciudad. Además, dijo que si bien se habían hecho paros nunca jamás se ingresó a un despacho de esa forma”, comentó el acusador público.

Este martes continuará el juicio con la declaración de seis testigos. Pero la audiencia más esperada será la del jueves, cuando declare el exministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa. Su testimonio será para conocer cuál fue su actuación en los hechos de diciembre de 2016, habida cuenta de que los gremialistas le habían pedido su intervención para que se desafecte al jefe de ambulancias. En junio, el exfuncionario estará en otro carácter ante un Tribunal: será juzgado en Paraná por el supuesto delito de coacciones agravadas en perjuicio de la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. Los fiscales pedirán 7 años de prisión.
“Uno puede estar de acuerdo o no , pero de ahí a ser delictual es un paso grande”
El abogado Miguel Ángel Cullen va por la absolución de los dirigentes de UPCN. El letrado señaló que el planteo defensivo “es que no existe un tipo de actuación que roce siquiera el Código Penal”.

“Fueron bastante claras las declaraciones de este lunes. No existieron amenazas, ni violencia. No hubo absolutamente nada de una conducta que sea reprochable penalmente”, enfatizó.

A su vez, aseguró que “uno puede estar de acuerdo o no sobre una medida de fuerza tomada por un gremio, pero de ahí a ser delictual es un paso grande”. En cuanto a la declaración del exdirector del hospital de Villaguay, Rubén Hernández, el abogado penalista comentó que “el médico dijo que no lo habían amenazado y que incluso contó que se fue de su despacho e hizo la denuncia con total libertad”.

“Lo que nos llama la atención es que se haya seguido toda la causa hasta llegar a este juicio. De todos modos estamos cumpliendo el proceso”, dijo y agregó que este martes continuarán pasando testigos y que el viernes, en principio, se realizarán los alegatos de clausura del juicio.

Para el abogado defensor, la imputación a los gremialistas es una persecución y una criminalización de la protesta. “Es claramente una medida de disciplinamiento, de criminalizar la protesta. Estamos en tiempos de muchos ajuste y es lo que están tratando de hacer como globo de ensayo. Seguramente que si acá hay un resultado adverso, lo que puedan hacer los gremios va a ser muy poco frente a una amenaza de ir nada menos que a la cárcel”, consideró.

“Es clarísimo el disciplinamiento que existe y sobre todo la magnitud. Esta imputación tiene una pena mayor que matar una persona estando ebrio en el auto. El homicidio culposo tiene un máximo de 5 años de prisión y el delito que enrostra la fiscalía tiene un mínimo de 5 años de cárcel”, explicó.

En ese marco, reiteró que la imputación es “realmente grave” y que “no es menor lo que se está sucediendo”. “Esperemos que en algún lugar prime la cordura y volvamos a un estado de derecho nacional”, concluyó.

La causa fue elevada a juicio por el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, el 7 de noviembre de 2017. En esa oportunidad, los fiscales Mauro Quirolo y Nadia Benedetti adelantaron que pedirían una pena de cinco años de prisión efectiva, aunque dejaron abierta la posibilidad de que el castigo sea más leve. El juicio oral y público continuará este martes 20, el miércoles 21, jueves 22 y el viernes 23.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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