En principio, declara la emergencia “en materia de seguridad alimentaria” hasta el día 31 de diciembre de 2024, “con el objeto de garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos conducentes para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración”.
El artículo 2º del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo –el Ministerio de Desarrollo Humano- “a tramitar todos los procedimientos de contrataciones directas, vía excepción, para cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 1° de la presente Ley, con arreglo a las disposiciones legales vigentes: Artículo 27° Inc. c), apart. b), punto 9 de la Ley N° 5140 y modificatorias – T.O. Decreto N° 404/95 MEOSP- y Decreto reglamentario 795/96 MEOSP y modificatorios, durante la vigencia del período de emergencia dispuesto en la presente Ley”.
En los fundamentos, el texto legal enviado por el Ejecutivo al Senado indica que “el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero de 2024 fue del 20,6%, de este modo, el incremento interanual de la inflación fue del 254,2%, el valor más alto desde abril de 1991 (267%)”.
“La coyuntura macroeconómica por la que atraviesa nuestro país dificulta la realización de un cálculo estimativo certero sobre cuáles serán los índices de inflación interanuales para el año 2024 y, consecuentemente, la estimación fidedigna de cuál será la depreciación que pudiere afectar el poder adquisitivo de la ciudadanía”, apunta.
Y que “la fuerte devaluación que sufriera la moneda nacional ha traído aparejado importantes incrementos de precios en los servicios públicos esenciales, combustibles y, fundamentalmente, en los alimentos, afectando enormemente los costos de la canasta básica familiar”.
“En este marco, sabido es que la inflación y la pérdida de valor adquisitivo afecta en mayor medida a las clases sociales de menores ingresos que destinan el grueso de su presupuesto a la compra de alimentos y al pago de servicios públicos”, apunta.
Luego, destaca que son los sectores “más vulnerables de nuestra sociedad, los de menores recursos, quienes deben ser asistidos por el Estado a través de merenderos, comedores escolares y barriales, que a diario ven incrementada su demanda; no siendo solamente niños aquellos quienes deben ser asistidos en lo alimentario, sino también, sus familias. Debe comprenderse además en dicho amparo alimentario a otro sector particularmente vulnerable de la sociedad, el de los adultos mayores”.
EL proyecto define: “Es así que desde el 11 de diciembre de 2023, fecha del inicio de la actual gestión de gobierno, se ha venido detectando un incrementando exponencial de los pedidos de asistencia alimentaria de grupos familiares, Municipios, Comunas, Juntas de Gobierno y organizaciones sociales, encontrándose imposibilitado el Estado entrerriano de sostener la atención de dicha demanda en atención al bajo nivel de stock de mercaderías con el que se recibiera el `galpón` concentrador de módulos alimentarios, situación que además se ve complejiza en razón de que la anterior gestión no dio inicio a ningún procesos licitatorios destinados al reabastecimiento de los mismos. Vale agregar que tales procesos licitatorios son hoy, además, de difícil concreción debido a los altos índices de inflación que impiden muchas veces recibir cotizaciones o que las mismas se mantengan en el tiempo, lo que muchas veces genera el fracaso de dichos procesos o un sobre costo de los bienes licitados”.
“Es en atención a dicho escenario que la presente iniciativa de ley prevé la autorización para tramitar procedimientos de contrataciones directas, por vía de excepción, para cumplir con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria”, agrega.
Y que la actual “situación social alimentaría por la que atraviesa nuestra provincia amerita que tomemos medidas rápidas y expeditas tendientes a resguardar el mentando derecho a la alimentación. Para ello la declaración de la Emergencia Alimentaría Provincial por parte de la Legislatura, otorgará las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo Provincial para afrontar de mejor manera esta realidad”.
