La iniciativa, que obtuvo 241 votos a favor y ocho en contra, propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
El plenario legislativo sancionó el proyecto por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas y la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio, mientras que el rechazo cosechó 8 sufragios –cuatro de las agrupaciones de derecha y otros cuatro de JxC–.
Abordaje integral
Entre otros puntos, el proyecto establece la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.“Esta es una ley de autoría de las organizaciones de la sociedad civil que están acá presentes y de todos los pacientes que sufren VIH en nuestro país”, destacó Gaillard al hablar en el recinto.
Y agregó que la normativa “viene a proponer un abordaje distinto, un abordaje integral del VIH y un enfoque de derechos humanos, porque si bien hoy tiene un tratamiento eficaz, todos sabemos que se siguen muriendo 13 personas por día y 4.500 al año por VIH en nuestro país”, agregó la diputada.
Jubilación y pensión no contributiva
En referencia a la jubilación y pensión no contributiva que establece el proyecto, Gaillard argumentó: “Las personas que sufren de VIH se siguen muriendo y se siguen muriendo de pobreza y por discriminación. Por eso necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos sociales estén cubiertos”.La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
Comisión y Observatorio Nacional
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.La integración de esta comisión debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
Al abrir el debate, la diputada socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud, aseguró que “esta ley permite actualizar la ley 23798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH SIDA es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público”.
A su turno, el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán (Frente de Todos) afirmó que “esta ley viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina; de lo legal y de lo previsional”.
“Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico”, dijo Gustavo Bacha Bouhid (Frente Cambia Jujuy), exministro de Salud de Jujuy.
