“A Urribarri le denegaron el pedido de sobreseimiento. La resolución de Garzón dice que está mal concedido el recurso por parte de Mayer, porque el rechazo de un pedido de sobreseimiento no es apelable”, contó una fuente.
Negó los hechos y cuestionó la imputación
El último 23 de febrero, en una audiencia ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, Urribarri ejerció su defensa y rechazó la imputación fiscal. “Lo sabía: no me iban a perdonar que hayamos logrado semejante transformación en la provincia. Una provincia que dimos vuelta como una media”, dijo entonces vía web desde Israel.Urribarri sostuvo que las investigaciones penales iniciadas en su contra tienen como objetivo “atacar para borrar de la historia toda nuestra obra” y aseguró que, tras dejar la titularidad del Poder Ejecutivo en 2015, han sobrevenido para él y su familia “años muy duros”, por “ataques indecibles”. Aseguró ser víctima de un “asedio”.
El actual embajador en Israel se presentó como “un dirigente político que me he desempeñado siempre con mucho esfuerzo personal y familiar y he llevado adelante con responsabilidad los cargos con los que la ciudadanía entrerriana me ha honrado a través del voto”. Y aseguró que en todo el proceso de la causa “siempre he estado a derecho”.
Urribarri negó los hechos que se le imputan y cuestionó la imputación en su contra. “Me pregunto con qué pruebas los señores fiscales pueden sostener que fui yo quien ordenó el inicio de actuaciones administrativas para la contratación de la firma Relevamientos Catastrales”, apuntó. “Los señores fiscales no han podido determinar de qué manera se habrían determinado esos sobreprecios. Ningún organismo de control pudo establecer los sobreprecios. No hay especificación concreta qué acción desplegué para saber de qué defenderme. Se utilizan verbos, o se califican determinadas supuestas conductas, describiendo tipos penales sin relacionar con las pruebas”, cuestionó el exembajador.
Y añadió: “Jamás he actuado de la manera que lo sostienen los fiscales”. Además, dijo que la imputación se hace sobre un período, enero a octubre de 2007, cuando él había pedido licencia como ministro de Gobierno para abocarse a la campaña que lo pondría en la Gobernación al año siguiente. Pero fue enfático en un punto: “Todas las contrataciones fueron absolutamente legales”.
El juez rechazó el pedido
El juez Mayer, sin embargo, rechazó el pedido de sobreseimiento que formularon Barrandeguy y Pérez, y atendió la formulación de cargos por parte de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Entonces, y tras oír a las partes, el juez Mayer rechazó el pedido de sobreseimiento y lo fundamentó en que se está ante una causa de una “trascendencia social extraordinaria” porque involucra a un funcionario público.En ese sentido, se remitió al compromiso que tiene el país al haber adherido a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y a la Ley de Ética Pública que rige nacionalmente. “Nuestro país se ha comprometido internacionalmente ha abordar el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno que no es visibles para todos. Son hechos de difícil investigación, más difícil comprobación, pero que no resultan imposibles de investigar. Hay un mandato legal de investigarlos y sancionarlos”, sostuvo.
Luego manifestó que en la audiencia “no he llegado al grado de certeza de que los hechos no ocurrieron o que el imputado no tenga vinculación con los mismos o que no exista prueba que alcance para vincularlo”.
Enseguida, planteó que “no se puede permitir que se levante un manto de sospecha sobre el desenvolvimiento del proceso” y entendió que los fiscales respondieron a todos los puntos cuestionados por los defensores.
Uno de los puntos que refirió Urribarri en su alocución fue que entre enero y diciembre de 2007 no fue funcionario público porque había tomado licencia como ministro de Gobierno de Jorge Busti. Al respecto, el juez Mayer sostuvo: “Le asiste razón a la Fiscalía en la medida en que la calidad jurídica de una licencia para nada desnaturaliza el papel principal que tenía Sergio Urribarri. Era ministro de Gobierno, tomó licencia y no dejó de ser ministro de Gobierno”.
Asimismo, entendió que “no existe virtualidad de certeza apodíctica para pronunciarme en el sentido de que el hecho no existió. Por el contrario, todos los indicios, cuanto menos, van a alimentar una duda”.
Otro de los argumentos que desechó el juez fue que las contrataciones pasaron por diferentes organismos de control y que, por lo tanto, sería indicativo de que no hubo maniobra irregular. Al contrario, el magistrado afirmó que “la prueba producida en el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado tendrá mayor o menor peso a la hora del contradictorio”.
Al final, también se manifestó sobre el plazo razonable de la investigación, un planteo formulado también por la defensa de Urribarri, que sostiene que la elongación en el tiempo de la causa genera un daño en el exmandatario. La causa se abrió el 26 de octubre de 2017, a instancias del entonces fiscal y hoy juez Alejandro Cánepa.
“En relación al plazo razonable de una investigación, considero que vamos a tener una resolución acotada en el tiempo”, dijo Mayer y recordó que los fiscales adelantaron que se encuentran cerca de concluir la investigación y pedir la elevación a juicio.
En ese sentido, estimó que la celebración de la audiencia de remisión de la causa a juicio se realizará dentro de tres meses, antes de la feria judicial.
La acusación
El fiscal Gonzalo Badano expuso que la causa que tiene como imputado a Urribarri y otras personas, entre ellos el empresario Cardona Herreros, abraca el período que va de 2007 a 2016, durante el cual la firma Relevamientos Catastrales SA obtuvo seis contrataciones de parte del Estado entrerriano.La investigación inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la administración del exgobernador Jorge Busti, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizó en el 2016 y tuvo un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
Los fiscales Yedro y Badano, a partir de documentación encontrada, en especial en el estudio del empresario Cardona Herreros, en Capital Federal –que fuera allanado– determinaron marcadas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que sirvieron para pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes, a través de seis hechos concretos.
En la investigación penal también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia. Estos dos últimos pidieron acceder a una suspensión de juicio a prueba, y resarcir al Estado entrerriano con el pago de una suma de dinero en cuotas, solicitud que fue rechazada por el juez Mayer.
