Esta semana, el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, anunció el recambio de todos los jefes departamentales de la fuerza. La rotación es práctica habitual en la fuerza provincial, que aspira a evitar que las mafias internas se instalen en una connivencia creciente entre delincuentes y policías. Pero la decisión también refleja los crecientes niveles de disconformidad y preocupación de los ciudadanos que han dejado de encontrar en la Policía a esa institución protectora que resguardaba la seguridad de los vecinos y la paz de las ciudades.
Estado, ausente
Por el contrario, los uniformados aparecen en redes sociales y denuncias anónimas como agentes pasivos frente al delito que se les florea en la cara. La mala paga que reciben, el riesgo de vida y otros argumentos alcanzan para justificar en algunos casos la no intervención de una fuerza que, además de reprimir el delito, debe velar por la prevención de las situaciones de inseguridad.
La realidad muestra una ciudad partida en dos, que se fragmenta internamente como reflejo de una fractura social que a esta altura parece irreparable entre los incluidos y los excluidos. De un lado, los que disfrutan de la ciudad y su confort, los espacios públicos, que comparten un café en una confitería o transitan por la peatonal cargados de bolsas con ropa y otros productos que adquieren. En la periferia, otra ciudad crece desordenada, sin agua, sin cloacas, con conexiones clandestinas a los servicios de energía eléctrica y con gente que se acostumbra al barro y la falta de luz en las calles porque el Estado por ahí no aparece.
El ajuste de cuentas
Se trata de un Estado ausente que abandona las funciones esenciales, que ya no se preocupa por garantizar infraestructura urbana (en estas páginas contábamos el modo en que el Municipio de Concepción privatiza la obra pública como en el caso del asfalto de calles), que renuncia a todo intento de ordenamiento urbano, que deja en manos del capital privado el crecimiento y la expansión de la geografía urbana. Y, para colmo, ahora suma una modalidad de no intervención que promueve el ajuste de cuentas entre vecinos que dirimen sus diferencias a los balazos, como si se tratara de un retorno al Far West.
En las últimas semanas se cuenta una víctima fatal asesinada de un escopetazo en la pierna tras un enfrentamiento de vecinos, que le significó la amputación del miembro y pocas horas más tarde la muerte. Después sobrevino una discusión entre viejos conocidos que, tras un incidente de tránsito, terminó con un joven agonizando hasta morir tras recibir una puñalada en la sien. Esta semana se produjo el tercer caso de otro joven que recibió un balazo en la pierna y está internado en el Hospital, tras una discusión con un vecino del barrio La Higuera.
Así están las cosas en el lejano nor-oeste uruguayense donde la Policía se ha hecho a un costado para dejar que las cosas se resuelvan a la vieja usanza.
Hobbes y el estado de guerra
La situación de violencia creciente no es nueva: ya en 2012 la comunidad se movilizó por el asesinato a sangre fría de un empleado de una empresa de remis, y el año anterior con el asesinato de un comerciante, y antes con la muerte de Darío Ferrer mientras atendía su kiosco. Pero la memoria colectiva cede, perezosa, ante el paso del tiempo y la gente se va olvidando de la gravedad de los problemas, tal vez alentada por la decisión deliberada de la Policía de frenar la publicación de hechos delictivos, en connivencia con algunos medios de comunicación.
Aún así, la realidad sobrepasa cualquier barrera. Y será cuestión de días, semanas, que este corrimiento voluntario del Estado que se retira para abandonar a su suerte a vecinos armados para que diriman sus diferencias. Esta sensación de contar con sectores de la ciudad que se convierten en tierra de nadie parece retrotraernos a aquel estado de guerra que describía Hobbes: "Si dos hombres desean una cosa que no pueden ambos gozar, devienen enemigos en su camino hacia su fin (que es principalmente su propia conservación, y a veces sólo su delectación) se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse". Todo signo de civilización, de contrato social, de convivencia parece rehuir ante el avance de esta nueva modalidad para dirimir los conflictos que se ha instalado en la periferia de Concepción del Uruguay.
