Se trata de los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura para los días 14 y 15 de diciembre, para cubrir una treintena de cargos de fiscales auxiliares y varios de jueces de garantía.
Un extraño requisito “tecnológico”
Lo primero que originó reacciones entre los concursantes es una llamativa exigencia contenida en la RESOLUCIÓN Nº 1144 del Consejo de la Magistratura, fechada el 4 de Noviembre, en cuyo artículo segundo se lee: “Solicítese a los postulantes concurran a rendir la prueba de oposición con su computadora personal”.“Es algo inédito que el consejo no ponga las PC. No todos tienen y nadie garantiza la seguridad”, comentó a El Entre Ríos uno de los concursantes.
El malestar por este inusual requisito fue plasmado en una solicitud formal de prórroga presentada por varios postulantes, rechazada de plano por el Consejo de la Magistratura.
Dos embarazos y el anonimato caído
No fue el único motivo por el cual reclamaron la postergación de ambos concursos. También se cuestionó que se haya aceptado tomar el examen de manera diferida a dos concursantes embarazadas. Ello se observa en el artículo cuarto de la resolución del CM, donde dice: “Téngase en cuenta la solicitud efectuada por las Dras. VILCHEZ Y VIVIANI, por los fundamentos expuestos en los Considerandos precedentes y dispóngase la aplicación del procedimiento complementario en caso de corresponder”.El reclamo sobrevino porque al conocerse la identidad de ambas concursantes que rendirán en fecha aparte, en los hechos cae el “anonimato”, pieza clave para garantizar la absoluta imparcialidad y la no discriminación a la hora de evaluar.
Pero también este planteo fue rechazado de cuajo por el Consejo de la Magistratura, mediante la resolución 1145, en cuyos considerandos el organismo admite que el “anonimato” desaparece, pero lo justifica en estos términos: “(…) adviértase que dicha exigencia de anonimato de la competición exhibe problemas de neutralidad ante desigualdades estructurales, las cuales deben ser corregidas mediante acciones positivas o afirmativas, como medidas de discriminación inversa de trato (estatal) privilegiado justificado, con miras a evitar la perpetuación de inferioridad y para remover valladares discriminatorios que padecen las mujeres embarazadas en determinadas etapas del proceso de gestación. En esa inteligencia se ha dispuesto la aplicación del procedimiento complementario de oposición en caso de corresponder”.
Esta posición que sacrifica el anonimato en pos de una “discriminación positiva” que reconozca la especial situación de las postulantes embarazadas, no fue unánime dentro del Consejo de la Magistratura. Uno de sus miembros, el Dr. Martín CABRERA, consejero suplente, planteó una “disidencia parcial”.
Cabrera entendió que “el mecanismo complementario propuesto no garantiza la igualdad de trato que se debe dispensar a todos los concursantes al momento de rendir el examen, inclusive a las mujeres embarazadas que se verán expuestas a rendir de un modo distinto al resto, por cuanto se tratará de otro caso y respecto de ellas seguramente no será anónimo”, y en razón de ello, votó para que se acepte el pedido de prórroga de la fecha de examen “para después de transcurridos 60 días del día del parto, a fin de garantizar el acceso a rendir la prueba de oposición en igualdad de condiciones”.
Tampoco cayó bien las fechas de los concursos, separados sólo por 24 horas uno del otro. En especial, molestó a quienes se presentan en ambos y sienten que se ven afectados en su desenvolvimiento.
Dos examinadores protagónicos
A sabiendas de que nada de lo reclamado ha sido tenido en cuenta, en las últimas horas algunos postulantes agregaron una nueva excusa para insistir con la postergación de los concursos: la identidad de dos jurados.En efecto, en el que debe elegir a los fiscales, uno de los examinadores es el doctor Rubén Pagliotto, en representación del Colegio de Abogados.
Pagliotto es uno de los tres profesionales que denunciaron a los máximos responsables de la procuración y son públicos y notorios sus cuestionamientos a la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, del que forman parte como fiscales interinos varios de los postulantes que serán evaluados por él.
En el otro concurso, el destinado a cubrir cargos de jueces de garantía, se destaca entre los jurados la doctora Cecilia Goyeneche, en representación de la Magistratura.
La Procuradora Adjunta sería sometida en estos días a un Jury por presunto mal desempeño, razón por la cual algunos postulantes se preguntan si resulta razonable que contemporáneamente integre un jurado que examine a futuros jueces de garantía.
Por estas horas, un grupo de postulantes se aprestaría a recurrir la resolución del Consejo de la Magistratura que rechazó el pedido de prórroga de los concursos. Es más, no descartan, de ser necesario, efectuar una “presentación judicial”.
