El caso
La causa comenzó a partir de que Prefectura Naval Argentina de Federación detectó que un Renault Kangoo y un VW Suran ingresaban a la ciudad una vez a la semana, cuyos ocupantes vendían cigarrillos marca “Eight” y ropas que serían provenientes de Paraguay y de Brasil, sin el correspondiente aval aduanero. Los mencionados cigarrillos son producidos por Tabacaleras del Este S.A., propiedad del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Son usualmente contrabandeados tanto a Argentina como a Brasil.En diciembre de 2018 se realizaron en Concordia los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a los domicilios de los acusados. En la vivienda de la pareja investigada encontraron 13 cajas con 506 cartones de cigarrillos, con un valor estimado en plaza de 230.736 pesos. Además, tenían 80.700 pesos, una pistola calibre con 32 proyectiles, así como los dos vehículos utilizados para el traslado de la mercadería.
Al otro muchacho que trabajaba con ellos, le encontraron en su poder numerosas prendas de vestir: 27 pares de calzado, 40 pares de cordones, 86 pantalones, 66 remeras, 168 pares de medias, 166 unidades de ropa interior femenina, 24 repasadores, y 56 cartones de cigarrillos marca Red Point de industria argentina y 488 cartones de cigarrillos Eight paraguayos. En la habitación del imputado había además dinero en fajos de 6.320, 41.000 y 25.000 pesos.
En total se secuestraron 1.082 cartones y nueve paquetes de cigarrillos, y 14 bolsas con prendas de vestir, elementos de higiene, alimentos y juguetes. Los cigarrillos fueron valuados por la Aduana en 756.993,82 pesos, mientras que el resto de la mercadería valía 571.387,48 pesos.
Juicio
Los dos hombres y una mujer fueron procesados y luego enviados a juicio. Cuatro años y medio después llegó esta instancia en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, donde las partes, antes de realizar un debate, prefirieron llegar a un acuerdo de juicio abreviado.En la audiencia ante el juez Jorge Sebastián Gallino, la fiscal general María de los Milagros Squivo y la defensora María Laura Raíces, presentaron el documento en el cual los acusados consentían cumplir la pena de un año de prisión condicional por el delito de Encubrimiento de contrabando.
Tras analizar los elementos del expediente, el juez Gallino consideró demostrada la actividad ilícita y homologó el acuerdo en una sentencia.
En el fallo, además de la mencionada sanción que se impuso a las tres personas, la pena incluyó la inhabilitación especial para ejercer el comercio en la República Argentina por seis meses, y la inhabilitación absoluta dos años para ejercer cargos públicos.
