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La Justicia confirmó la prisión preventiva por 60 días del concejal Diego Zapata (Juntos por el Cambio), integrante del Concejo Deliberante de Rosario del Tala, suspendido en su banca a raíz de la denuncia por abuso y corrupción de menores que pesa sobre sus espaldas. Los primeros 90 días de preventiva del concejal se vencieron y la fiscal Reynoso pidió que se amplíe la medida cautelar. El último 20 de octubre la jueza de Garantías de Rosario del Tala dio acogida favorable al planteo y decidió mantener al concejal Zapata con prisión preventiva en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay.

La defensa del edil apeló esa decisión ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que con la firma del juez de juicio Fernando Martínez Uncal confirmó esta semana la prisión preventiva del concejal.
Fundamentos de la prisión
Zapata fue denunciado por el papá de un menor -la causa penal acumula dos denuncias por abuso: una víctima tiene 15, el otro 17 años- y a pedido de la fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, el 23 de julio la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó la preventiva por 90 días como forma de frustrar el entorpecimiento de la investigación que recién estaba en sus comienzos. José Ostolaza, defensor del concejal, apeló la medida, que fue confirmada el 2 de agosto último por el camarista Fernando Martínez Uncal, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Disconforme con esa resolución, la defensa apeló ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que rechazó el planteo y confirmó lo resuelto por los dos tribunales inferiores. En su voto, la vocal María del Luján Giorgio desaconsejó otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, por cuanto, aseguró, «ya fueron evaluados el alto grado de probabilidad de intervención del enjuiciado en la causa en cada uno de los varios hechos que actualmente lo indican como sujeto activo de la figura legal en ciernes, evaluando el elevado monto de la pena en expectativa que impediría la condenación condicional -como un elemento más y no exclusivo fundamento- y la existencia de los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso, con andamiaje en las referencias fácticas aludidas -amenazas, persuasión, divulgación de la intimidad, posición social, acotadas dimensiones de la localidad, desproporción respecto a las edades de los adolescentesdesaconsejan su instrumentación. De tal manera, conceder en estas instancias el beneficio propiciado, sería desatender la cobertura también constitucional a las víctimas cuyas situaciones coyunturales están siendo aun investigadas».

El voto de Giorgio fue acompañado por los vocales María Evangelia Bruzzo y Darío Gustavo Perroud.

Zapata, además, de concejal de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rosario del Tala, es enfermero en el Hospital San Roque, de esa ciudad, y también coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Superior José Ossola. Fue licenciado sin dieta del Concejo, y suspendido por Salud y Educación, respectivamente, en los cargos que ocupaba. Integra, además, el consejo directivo de la Asociación Trabajdores del Estado (ATE) de Tala.

En la audiencia de Casación en Concordia, el defensor Ostolaza planteó sus reparos respecto a que, en vez de tramitar una investigación penal por un supuesto delito, desde la Fiscalía habrían iniciado una «caza de brujas» a personas por su orientación sexual.
Detalles de las denuncias
Luciana Cometti, integrante del Ministerio Público Pupilar, relató pormenores de la causa y refirió de qué modo Zapata hostigaba a los menores para que mantuvieran relaciones sexuales no consentidas con él. Una de las víctimas contó en Cámara Gesell que el concejal de Juntos «lo amenazaba que si no estaban con él, lo iba a delatar por la red social Instagram». Y contó también que «todos los damnificados recibieron el hostigamiento de Zapata para los encuentros sexuales».

En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Federico Uriburu aseguró que «el común denominador que existió con respecto a todas las víctimas fue la facilitación de bebidas alcohólicas y en uno de los casos las amenazas posteriores de difusión de imágenes íntimas». Refirió de la existencia de un boliche bailable en Rosario del Tala al que se permitiría el acceso a menores. Allí, el concejal captaba a sus víctimas. El boliche se llama «Moho».
Fuente: Entre Ríos Ahora

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