Cambio en Paraná
Robledo, conocida en la gestión pública por haberse desempeñado en la Secretaría de Ambiente durante el gobierno de Blanca Osuna, tenía bajo su órbita en la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, que hace unas semanas sufrió la baja de la conductora del área, Vanesa Zehnder, una histórica militante del ambientalismo. Fue en el marco del conflicto por la obra de ensanche en la Avenida Racedo. En su lugar asumió Facundo Varrone.
Designación en Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos acaba de designar a Daniela García. La flamante funcionaria se desempeñaba desde hace poco más de un año como coordinadora de Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), organismo que funciona como autoridad de aplicación de la Ley General de Aguas Nº 9.172 y que establece el resguardo y marco normativo para el uso del agua. En la orgánica, esa área, se encuentra dentro del Ministerio de la Producción.García, que es agrónoma, asumió tras la renuncia de Martín Barbieri, según informó el sitio ERA Verde. Los cambios se dan en medio de una polémica por el proyecto de ley sobre el uso de agroquímicos.
La anunciada Comisión Bicameral de Fitosanitarios, a la que aludió el gobernador Gustavo Bordet en la apertura de sesiones ordinarias, el 15 de febrero, no ha arrancado aún pero su tarea se inicia con desconfianzas, reclamos y recelos.
Reclamo del Foro Ecologista
El 30 de marzo pasado, por caso, el Foro Ecologista, los Agricultores Agroecológicos de Entre Ríos y el Colectivo Basta es Basta “enviaron formalmente notas a todos los legisladores y las autoridades de cámaras, solicitando una serie de precisiones oficiales”. Treinta organizaciones reclamaron el “texto oficial del proyecto presentado por el Ministerio de Producción de la provincia” junto con precisiones sobre el encuadre de la bicameral, su integración y los mecanismos previstos para la participación ciudadana.
La organización Cauce, Cultura Ambiental-Causa Ecologista, elevó este lunes notas al Senado y la Cámara de Diputados en las que advierte que el proyecto de ley es “ilegítimo”, ya que “no demuestra ser fruto de un análisis profundo del tema”.
La organización detalló que la iniciativa no “tiene en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades, en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos”.
