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El Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la denuncia que habían presentado el senador Raymundo Kisser y el abogado Rubén Pagliotto, por supuestas irregularidades en el proceso de licitación de obras para el desarrollo gasífero y eléctrico en el norte entrerriano.
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La resolución lleva la firma de la fiscal Matilde Federik, quien concluyó que “es la propia administración la que, con sus mecanismos constitucionales de control en pleno ejercicio, está actualmente adecuando el procedimiento a la normativa aplicable, para emitir un acto administrativo conforme a la ley”.

El dictamen le fue comunicado este martes al legislador y, como lo establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos, fue remitida a la Fiscalía General para su revisión.
Qué decía la denuncia
Los denunciantes habían señalado una serie de “desprolijidades” e “incumplimientos normativos groseros e inexcusables” en el proceso administrativo de selección de las empresas China National Technical Import & Export Corporation y Yutong SA, de capitales chinos, para la ejecución de las obras de desarrollo gasífero y eléctrico.
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El objetivo, según los denunciantes, era “disimular o encubrir una selección amañada de la contratista” e incluso plantearon que “los precios que se les pagaría a las empresas chinas son muy elevados en relación a los costos reales de estas obras”, consistentes en la construcción de una línea de alta tensión, cinco estaciones transformadoras y tendidos fibra óptica, por unos 65 millones de dólares, y un gasoducto, por otros 35 millones.
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En un principio, se había dispuesto la apertura de una investigación preliminar, ante la gravedad de los hechos denunciados, y algunas medidas tendientes a reconstruir el procedimiento administrativo.
Dictamen de la fiscalía
Tras analizar la denuncia y la documentación remitida por los organismos públicos, la fiscal determinó que no se advertía la existencia de un delito y que fueron los propios organismos de control (Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tribunal de Cuentas), los que advirtieron las irregularidades e instaron a las autoridades a adecuar el procedimiento a las normas que rigen para las contrataciones en el Estado.
Fuente: Página Judicial
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