Guastavino quedó afectado por su relación con los detenidos Flavia Marcela Beckman, Alfredo Bilbao y Angel Scialocomo, quienes son empleados de planta transitoria del Senado de la Nación y reportaban a su despacho en el Congreso, hasta que la semana pasada fueron dados de baja por decisión del legislador nacional. "No los conozco, ni tengo nada que ver con ellos; viven en Paraná y no voy a la capital entrerriana hace mucho tiempo. Tampoco hago actividad política allí desde diciembre de 2007, en que dejé el cargo de vicegobernador y asumí como senador nacional", afirmó.
Al parecer, esas tres personas habrían sido sugeridas para su nombramiento en el Senado por un conocido contador público de Paraná, estrechamente vinculado a Guastavino. Ese contador no solamente tiene fuertes vinculaciones con los tres detenidos, sino también con el otro preso, Hugo Mena, quien aparece como el principal ejecutor de la maniobra de contratos truchos, ya sea en la recolección de personas para que firmen los acuerdos con el Poder Legislativo, como así también en la organización de los pagos y cobros de dinero para el retorno a la política. Ese mismo contador habría sido quien le pidió a la senadora nacional Sigrid Kunath, que se sumen a su despacho a determinados empleados, que ahora aparecen vinculados a la causa, porque son familiares directos de los detenidos.
En tanto, ayer se conoció que el Ministerio Público Fiscal convocó a varios diputados del PJ, para que den explicaciones a determinados movimientos de contratos, observados en esta primera etapa de la investigación judicial. La nómina comprende al propio presidente del cuerpo, Sergio Urribarri y al presidente del bloque, Juan Navarro (Tala), como así también a Diego Lara (Paraná Campaña), Leticia Angerosa (Gualeguaychú), Pedro Báez (Paraná), Gustavo Osuna (Paraná), Emilce Pross (Paraná), Daniel Ruberto (Paraná), Angel Vázquez (Paraná Campaña), Juan Carlos Darrichón (Diamante) y Marcelo Bisogni (Uruguay), como así también al prosecretario de la Cámara Baja, Sergio Cornejo.
Por otro carril, también se citó al diputado nacional Juan José Bahillo (PJ-Entre Ríos), quien fuera presidente de bloque en el segundo gobierno de Sergio Urribarri. Todos ellos aparecieron mencionados en las copias de los contratos hallados en los domicilios que fueron allanados, pertenecientes a los actuales detenidos. Cada uno de ellos deberá designar abogado defensor y podrán acceder a las pruebas recolectadas hasta este momento.
Cabe acotar que el Ministerio Público Fiscal no cuenta aún con ninguna nómina oficial de contratos legislativos, porque no fueron enviados ni desde el Senado ni desde Diputados.
Las citaciones, ya formalizadas, también comprenden al ex secretario de la Cámara de Senadores, en tal período, Mauro Urribarri. Su tío y ex prosecretario de Cámara Alta, Juan Pablo Aguilera, ya fue imputado en la resolución, en especial porque aparece varias veces mencionado en el manejo del dinero de los contratos, en los cuadernos secuestrados a los actuales detenidos.
Las convocatorias también engloban a otros funcionarios administrativos y contables de Diputados y Senadores, en esos períodos. Entre ellos, Nicolás Pierini; Lautaro Schiavoni; Norma Krenz de Cornejo, entre otros. Asimismo, contempla a los auditores del Tribunal de Cuentas, asignados en Diputados y Senadores, entre el 2008 y 2018, como así también la fiscal del organismo de control en ese lapso, Irupé María Cáceres de Rodríguez, que tenía jurisdicción sobre la Legislatura y se jubiló a inicios de esta gestión. En la actualidad, ese rol lo cumple el contador Raúl Rode, secretario de tal Fiscalía.
En la resolución del miércoles último, de parte del Ministerio Público Fiscal, en uno de los párrafos se indicó que "la maniobra" delictiva de los contratos truchos y desvíos de dinero "también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los auditores estables, revisores y fiscal del TdC, con desempeño en el período investigado". Entre los auditores aparecerían Marta Pérez, Hernán Díaz, Maximiliano Degani, Soledad Toscani y Mariano Speroni, quien se sumó en el 2017.
Tanto el vicegobernador Adán Bahl como José Lauritto tuvieron contacto con el MPF a través de sus abogados, para ponerse a disposición de la justicia. En nombre de Bahl concurrió el abogado Julio Federik.
