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Este martes se desarrolló una audiencia por un recurso de reposición interpuesto por las defensas de los imputados en la causa de los contratos de la legislatura. Las 14 personas embargadas tienen el cien por ciento de sus cuentas trabadas, incluso las cuentas-sueldos para las cuales hay un porcentaje establecido por la ley, que no puede superar el 20 por ciento de los ingresos. Según observó Análisis Digital, el juez de Garantías Mauricio Mayer resolvió dar curso al recurso presentado por los defensores –corriendo vista a Fiscalía para que responda en tres días-, solicitó a la defensa que durante este 1º de mayo informe cuales de las cuentas corresponden a los sueldos y librará un oficio a las entidades bancarias para que disponga del embargo dentro de los parámetros de la ley para que los imputados dispongan de algo de dinero para el día a día.

La jueza de Garantías Marina Barbagelata había dispuesto el embargo de las cuentas de 14 imputados en la causa contratos truchos de la legislatura. El monto de dicho embargo fue de tres mil millones de pesos para cada uno de ellos. Pero en la ejecución de dichos embargos, los bancos trabaron todas las cuentas, incluidas las correspondientes a los salarios y no lo enmarcaron dentro de los porcentajes dispuestos por la ley.

Los defensores aseguraron que se fueron anoticiando de la resolución de la jueza a medida de que sus representados no podían sacar dinero de sus cuentas. Criticaron la falta de información a la hora de divulgar la información y aseguraron que la jueza equivocó los caminos para disponer el embargo. Según los abogados, en el caso de los empleados públicos no son los bancos los que pueden embargar las cuentas sueldos sino que esto corresponde a los empleadores. Las defensas aseguraron que en primera instancia, los organismos empleadores no fueron notificados para disponer el embargo y que fue a raíz de una presentación del letrado Emilio Fouces la que habría advertido a la jueza del error.

Desde Fiscalía recalcaron que el pedido de los embargos se hizo acorde a lo dispuesto por ley, pero que desconocían como se había instrumentado la medida ya que tampoco conocían los detalles de la resolución de la jueza. Esta postura de fiscalía fue clave para la resolución de Mayer, quien debía resolver en base a la presentación realizada por los defensores.

Sin embargo hubo cuestiones a resolver de la propia presentación de las defensas. Los abogados debían hacer una presentación por escrito, esgrimiendo el detalle de los argumentos que sustentan el recurso de reposición. Sin embargo, por la urgencia con la que se enteraron de la presentación de Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, todos los abogados adhirieron a la presentación –originalmente presentada por Fouces- y lo hicieron a través de correos electrónicos que incluían breves argumentos. Fue por esto que el juez les ofreció un plazo de 24 horas para que amplíen sus argumentos, algo que fue rechazado por los abogados porque los argumentos eran los esgrimidos en los mails.

En ese marco, Mayer dio lugar al recurso presentado por la defensa pero corrió vista a Fiscalía para que pueda responder sobre la presentación defensiva. Además, dispuso un plazo de 24 horas para que los defensores le informen al magistrado cuales son las cuentas sueldos alcanzadas por el porcentaje dispuesto por ley para contar con la información precisa a la hora de ejecutar el tercer punto de su resolución: librar un oficio a las entidades bancarias para que destraben las cuentas sueldos en el porcentaje dispuesto por ley.
Fuente: Análisis Digital

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