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El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, se manifestó “sorprendido” por la investigación judicial que desnudó el desvío de 1.235 millones de pesos en contratos truchos en la Legislatura entrerriana y aseguró que “establecer un mecanismo para inventar los contratos y poder extraer dinero excede todos los límites; no es aceptable de ninguna manera”.

Rodríguez Signes explicó que en el marco de la investigación por los contratos truchos de la Legislatura desde la Fiscalía de estado “se pueden hacer dos cosas: una posibilidad es constituirnos como actores civiles en el proceso penal”. Para ello, indicó que “lo que normalmente se hace es presentar un escrito cuando ya la causa tiene imputados” pero aclaró que esto “nos condiciona en muchos aspectos procesalmente”.

De todos modos, agregó que “la segunda posibilidad es que con algunos elementos del proceso penal e informes del Ministerio Público Fiscal presentemos medidas cautelares sin necesidad de constituirnos como actores civiles”.

Ante esto, sostuvo que “la reparación del daño se obtiene a través del ejercicio de acciones de tipo patrimonial, no penal, porque el artículo 82 del Código Procesal Penal nos prohíbe terminantemente constituirnos como querellantes”.

De todos modos, reiteró que “lo normal es esperar que haya una determinación del perjuicio que hace el Tribunal de Cuentas y ahí interponemos la acción civil”, pero mencionó:“A veces también sucede –como pasó en el caso (contra el ex titular de Obras Sanitarias, Hugo) Righelato- donde el propio Ministerio Público Fiscal en el proceso determinó el perjuicio y en el mismo convenio en el cual se estableció la pena penal también se estableció el decomiso de bienes, el funcionario aportó dinero y se reparó el perjuicio directamente, sin necesidad de que el Estado se presente como actor civil”.

Sobre el caso de los contratos legislativos, explicitó que “hay muchos imputados y puede ser que ante un imputado se actúe de una manera y con otro imputado de otra, hay que ir viendo cómo se desenvuelve el proceso penal, porque estamos recién salidos del secreto de sumario”.

No obstante, remarcó: “Estamos detrás de esto porque es un perjuicio enorme, y no cabe ninguna otra posibilidad que concentrarnos en los procesos y agotar todas las instancias para reparar el daño causado”.

En ese marco, estimó: “No creo que esto pueda hacerse en un solo debate, porque los delitos son contra las personas individualmente y cada uno podrá adoptar caminos distintos: algunos podrán aceptar un juicio abreviado, otros podrán ser absueltos, otros podrán ser elevados a juicio, porque hasta ahora hay una descripción de una mecánica y varias personas imputadas de ser parte de esa mecánica”.

En tanto, dijo que no habló con el gobernador del tema, pero señaló: “Seguramente ni bien el gobernador llegue de su viaje a China se hablará con él para tomar una decisión del accionar”. De todos modos, recalcó que “como organismo de control la Fiscalía es autónoma y puede actuar independientemente en estos casos”.

Comparó que en la defraudación en ATER “se está a la espera de que salgan las sentencias”.

Respecto de la posible constitución como actor civil aclaró:“Nos encasilla en el proceso penal y tiene sus ventajas y desventajas, y es una opción que no se descarta en el caso de los contratos aunque se necesita que el proceso avance un poco más”.

“Como las acciones civiles son contra personas individuales, deberíamos tener estimativamente cuál fue el perjuicio que causó cada uno, para no correr riesgos ni cometer errores”, explicitó el fiscal, quien refirió que “una cosa es la constitución como actor civil que implica presentarse en el juicio y otra cosa es demandar. La demanda ya se presenta cuando se eleva la causa a juicio”.

En otro orden de cosas, desestimó que existan límites éticos para actuar como fiscal de Estado habiendo sido presidente de la Cámara de Diputados entre julio de 2001 y diciembre de 2003: “Mi deber y función como fiscal de Estado es obtener la reparación del daño y lo vamos a hacer como hemos hecho en todos los procesos hasta ahora”, sentenció.
En ese marco, recordó la demanda que debió presentar como fiscal de Estado “en el caso de (la ex diputada) Mónica Torres, en el que hubo una situación con cheques, falsificación de documentos y demás”. “En ese caso demandé y obtuvimos hasta ahora la mitad de la reparación del daño y nadie me impugnó ni se planteó ninguna cuestión”, dijo.

Admitió haberse visto “sorprendido” por este tema ya que “las Cámaras tienen su presupuesto aprobado por ley, su personal de planta permanente y de planta temporaria que está regulado en el estatuto y establece que cada legislador contrata a su personal por el tiempo que dure su mandato”. “Son contratos políticos que están regulados y que forman parte de la legislación prevista, pero establecer un mecanismo para inventar los contratos y poder extraer dinero excede todos los límites, no es aceptable de ninguna manera”, definió.

“Mientras fui presidente de la Cámara esto no existió; se dio un caso puntual con una diputada y hubo otros casos de enriquecimiento ilícito de ex vicegobernadores o presidentes de bloque, pero puntuales; no con un equipo funcionando para realizar este tipo de acciones. Me sorprende y ratifico que como Fiscalía vamos a ejercer todas las acciones jurídicas para intentar obtener la reparación del daño”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital

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