El trámite, extenso, incluyó una novedad: los defensores anunciaron que habían presentado un planteo de recusación contra Goyeneche en base a versiones periodísticas que hablan de una supuesta relación comercial entre la fiscal y uno de los investigados en la causa de los contratos truchos, el contador Pedro Opromolla. Ese trascendido periodístico, más la presentación de un pedido de jury al Procurador General Jorge García, y la viralización de supuestos chats de whatsapp de un celular que se adjudica a Goyeneche –por lo cual la funcionaria judicial hizo una denuncia penal- serían parte de ataques de la propia “organización criminal” que está siendo investigada por el fraude de casi $2.000 millones a la Legislatura.
“Todo esto es parte de ese ataque. Y si bien nadie es indispensable en esta investigación –dijo, en alusión al pedido de recusación en su contra-, pero esto es también un ataque al sistema judicial, es una advertencia”.
Lepoldo Cappa abrió la audiencia y sostuvo que la prisión preventiva dictada contra Faure “le provoca a mi defendido un gravamen irreparable”. Y entendió que hay medios alternativos, como la prisión domiciliaria o la tobillera electrónica. “Además, cuenta con los teléfonos intervenidos y tiene seguimiento de la Policía. No veo cuál sería la diferencia de estar en la Unidad Penal y no en el domicilio”, aseveró.
Argumentó que “mi defendido no entorpece la investigación”, y reprochó el hecho de que se haya dispuesto la prisión preventiva para Faure porque “se consideró que obstaculizaba el proceso, cuando otros sindicados, en la misma situación, no fueron inhibidos, ni imputados, no están presos, están en su casa, ejerciendo la profesión. Y según surge de los medios, Pedro Opromolla, tendría vínculos comerciales con la doctora Goyeneche. Por lo que solicito se revoque la sentencia de prisión preventiva, se haga lugar a la excarcelación, y subsidiariamente solicito la domiciliaria con autorización para salir a trabajar”.
Cullen hizo hincapié en lo mismo: que había firmado un pedido de recusación contra la fiscal Anticorrupción “en base a información en los medios, que se deberá aclarar, porque hace al fair play”.
Después, se explayó: “Hemos planteado la apelación de un acto jurisdiccional, una sentencia dictada por el juez Ruhl, que entendemos viola flagrantemente la Constitución provincial, la Constitución nacional, los pactos internacionales con rango constitucional, y que ingresa en un turbio camino hacia sentencias netamente arbitrarias, que adquieren gravedad porque privan de la libertad a las personas”.
Insistió en el argumento de que no está probada la vinculación del contador Pérez –exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado- con la banda de los contratos truchos. Y volvió a fustigar la resolución de Ruhl. “El juez debió fallar en base a lo que se mostró en la audiencia. Para privar de la libertad a una persona, utilizan algo que dice la Fiscalía que no es medio de prueba. Y me niegan controlar esa prueba. Y lo grave es que el juez hace lugar, y lo menciona como parte de los fundamentos en su fallo. Entonces, tenemos una Justicia que avanza sobre las peticiones de las partes”, aseveró.
“Es evidente que Ruhl llegó a la audiencia conociendo el legajo, lo que le está absolutamente vedado. Es imposible que en una hora vea 30 entrevistas, 100 gigas de información de documentales escaneadas, para fundar la privación de un derecho constitucional”, reprochó.
Así, arguyó, “el juez dejó de ser imparcial, dejó de ser juez. Es una parte más del proceso, y cuando se es una parte más del proceso, y se saca un fallo que priva del derecho a la libertad, la gravedad es institucional”.
Dijo que Pérez renunció a su cargo de director del Servicio Administrativo Contable del Senado “para no entorpecer” la investigación judicial, negó que haya entorpecido alguna vez la tarea de los fiscales, y cuestionó el hecho de que se le hayan embargado las cuentas, “un exceso absoluto”.
Aclaró que Ruhl “es un gran juez” pero luego dijo que la medida que adoptó “debe revocarse inmediatamente. No permitamos un minuto más que se siga vulnerando la Constitución Nacional”. Y pidió la “inmediata libertad” de su defendido.
Le tocó al fiscal Ignacio Aramberry detallar de qué modo para la Fiscalía está probado el entorpecimiento de la investigación por parte de Faure y Pérez, y cuáles son los nexos entre los dos contadores y la banda dedicada a defraudar al Estado: leyó mail, chats. “Se debe rechazar el pedido de la defensa. Sostenemos que existen sobrados elementos en la causa”, puntualizó.
A su turno, Cecilia Goyeneche apuntó al tono de la exposición de los dos defensores. “Esta defensa coloca a los imputados en situación de víctimas. Es el perfil de esta defensa “, sostuvo, y apuntó a Cullen. Reprochó al abogado una “visión autoritaria de la interpretación del Derecho”, y recordó que “recién iniciada la investigación, se advertía de pedir juicio político o jury, como amenaza frente a esta investigación. Luego pasó eso mismo jury al Procurador, ataques de medios de prensa furibundos, conductas alejadas de la lealtad procesal. Hemos escuchado hoy posturas desopilantes. Nos causa cierta gracia”.
Atribuyó a Cappa y Cullen haber utilizado “información falsa” para argumentar en sus alegatos. Negó que se hayan dispuesto embargo. “Esto es falso. Se ha dicho que tienen intervenido los teléfonos, como dijo Cullen. Eso es información falsa. La defensa sabe que a Pérez se le intervino una línea, con orden judicial, y duró 30 días. Así como se intervino la línea de Faure, y de otras dos personas. Las únicas cuatro intervenciones. Pero la defensa, al poner a sus defendidos como víctimas, introduce datos falsos”.
Goyeneche apuntó que “se afirmó que se realizaron seguimientos a los imputados. No se realizó ningún seguimiento. La Policía nunca hizo seguimiento. Solo se realizaron chequeos de domicilios. Cappa ha dicho que yo mantengo relación comercial con uno de los imputados, que no ha sido imputado. Está mencionado en el hecho. Es el contador Opromolla. Es falso. No tengo ninguna relación comercial con Opromolla”.
El cierre fue tenso. La jueza Castagno se entretuvo con la empleada de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para encontrar una sala para dar lectura a la sentencia a la apelación. En ese estaba cuando Cullen decidió responderle a Goyeneche. No pudo. La magistrada le informó que la audiencia había terminado, y que no correspondía.
Pero la discusión siguió entre Goyeneche y Cullen, ya terminada la audiencia, en el salón casi vacío.
“No seas cínico”, le dijo, entre otras cosas, la fiscal Anticorrupción a Cullen. El abogado respondió: “No te pongas en víctima. Tenes la suma del poder para investigar”.
