El Consejo de Fiscales es un órgano creado a través de la Ley del Ministerio Público Fiscal y lo integran los fiscales coordinadores de la provincia. “Como parte del Poder Judicial, recibimos día a día en nuestro trabajo cotidiano muchas críticas y sugerencias respecto del alcance de nuestra función constitucional de investigar delitos. Sin embargo, no podemos permitir que el cumplimiento legítimo de nuestro trabajo se convierta en blanco de ataques malintencionados que afecten el normal desarrollo de la institución a la que pertenecemos”, se añade. Aunque no se hace mención a ninguna situación específica, en los últimos días fue cuestionada la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, luego de que en una nota periodística se revelara una supuesta vinculación comercial de la funcionaria con Pedro Opromolla, contador implicado en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos legislativos en los últimos 10 años. Entre otras repercusiones, la información motivó una presentación formal del diputado provincial Gustavo Guzmán del Partido Justicialista y que abogados defensores de personas imputadas y con prisión preventiva en la causa presentaran un pedido de recusación contra Goyeneche. A la vez, el procurador general de la provincia fue denunciado por supuesto mal desempeño por Carlos Reggiardo, un abogado de Victoria. “Todos las fiscalías de los distintos departamentos de la provincia se encuentran llevando adelante investigaciones de casos donde se encuentran sospechados o imputados ciudadanos que tienen o tuvieron funciones públicas provinciales o municipales, y como tales han debido administrar -en mayor o menor medida- el patrimonio estatal, que pertenece a todos los entrerrianos”, continúa diciendo el comunicado de los fiscales coordinadores.
“Son causas altamente complejas, que demandan recursos materiales, capacitación constante y un fuerte compromiso de quienes trabajamos para que el flagelo de las democracias modernas, que es la corrupción, sea sancionada por los jueces de la constitución y valorado por la ciudadanía en su conjunto”, agregan.
“Es una política institucional del Ministerio Público Fiscal dar prioridad a ellas, y en consecuencia, todos los esfuerzos de sus integrantes están dirigidos en este sentido. Bregamos por la construcción de una sociedad democrática respetuosa del Estado de derecho. Por ello, cualquier ataque personal a uno de sus miembros no tendrá otro efecto que ratificar este camino e intensificar las tareas destinadas a esclarecer los hechos de corrupción que investigamos y cuya sanción penal pretendemos, en el marco del debido proceso y el respeto irrestricto de todas las garantías constitucionales que amparan a las personas sometidas a un proceso penal”, concluyen.
