En un comunicado de prensa, el funcionario realizó un repaso por la evolución del sistema de coparticipación, desde 1988, cuando se dictó la ley 23.548 que establece una distribución del 42,34 por ciento de los impuestos coparticipables para la Nación y el 54,66 por ciento para las provincias. "Sin embargo, a través de sucesivos pactos fiscales y leyes de asignación específica, las provincias resignaron recursos, sobre todo para financiar a Anses. Al final de este proceso, que lleva 25 años, las provincias, en vez del 54,66 por ciento, reciben alrededor del 34 por ciento. Además, a comienzos de los '90 se transfirieron competencias de la Nación a las provincias, por ejemplo los servicios educativos de nivel secundario", remarcó Rodríguez Signes.
En esa línea, el fiscal de Estado comparó los resultados y explicó que "al cabo de todo este período, mientras Anses llegó a convertirse en superavitario, las provincias tenemos graves problemas para financiar nuestros presupuestos y cumplir con las funciones de educación, seguridad, salud, administración de justicia, protección del ambiente y promoción de las economías regionales".
Por otro lado, Rodríguez Signes recordó: "El 23 de mayo de 2016 celebramos un convenio con la Nación que comenzó a revertir lentamente ese proceso, en el que el gobierno nacional se comprometió a devolver progresivamente una de las tantas detracciones de recursos que sufrimos, como lo era el 15 por ciento de coparticipación que se resta a las provincias y se suma a Anses".
"Sin embargo, con la demanda de la provincia de Buenos Aires con relación al Fondo del Conurbano Bonaerense, se pretende que las otras 22 provincias resignemos alrededor de 53.000 millones de pesos por año, y se nos reclama un retroactivo de alrededor de 300.000 millones de pesos, algo que es imposible de admitir", agregó.
"Hay una situación muy seria. Realmente, hoy, ninguna provincia argentina está en condiciones de seguir cediendo un peso más de la coparticipación. No se puede hablar seriamente de reforma tributaria si todas las controversias se plantean en el ámbito del Poder Judicial. El ámbito propicio y necesario es el Congreso de la Nación y los gobiernos provinciales y nacional", expresó el fiscal de Estado.
No obstante, el funcionario adelantó que "en la medida en que se continúe con el juicio iniciado por la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a ejercer todas las defensas en el marco de ese juicio y a lo mejor promovemos otras acciones vinculadas a la coparticipación, porque no estamos dispuestos a resignar un solo peso".
Asignación específica y Fondo del Conurbano
El fiscal de Estado recordó: "Una vez sancionada la Ley de Coparticipación, en 1988, tuvimos hiperinflación en 1989, Plan Bonex en 1991 y llegó 1992, año que fue fatídico con el Plan de Convertibilidad que cambió drásticamente el escenario. En ese marco, empezó a gestarse el nuevo escenario para las jubilaciones, que devino en la sanción de la Ley 24.241".
"En ese momento ocurrieron dos cosas: por un lado, la Nación transfirió competencias a las provincias, fundamentalmente en educación; y lo más gravoso de todo es que comenzó la secuencia de pactos fiscales y asignaciones específicas", acotó.
"En 1992 se produjo el pacto fiscal que concretó la cesión del 15 por ciento de la coparticipación y se dio otra asignación sobre la Ley de Impuestos a las Ganancias, una asignación específica: se detrajo el 20 por ciento para el Anses, el dos por ciento para ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el 10 por ciento para el Fondo del Conurbano Bonaerense", repasó.
Rodríguez Signes también destacó la reforma constitucional de 1994, "que dijo que había que establecer un régimen de coparticipación nuevo y fijó una fecha tope en el año 1996, y nunca se cumplió". Luego, señaló: "Cuando se vencieron los pactos fiscales, debimos haber vuelto a la Ley 23548. Sin embargo, se prorrogaron y las provincias siguieron cediendo recursos".
El funcionario señaló "un agravante: algunas provincias transfirieron cajas de jubilaciones y otras no, como Entre Ríos. Las que transfirieron cajas, como Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, no tienen un régimen previsional a cargo y, aunque hacen sus aportes de ley, siguen en la órbita nacional. Nosotros nos quedamos con la caja con la promesa de que nos iban a financiar el déficit, hasta cierto punto", indicó.
Rodríguez Signes explicó que "la Nación dirá que el acuerdo extingue las obligaciones retroactivas; las provincias dirán que no las extingue, que en el caso del Fondo del Conurbano llega al billón de pesos". También resaltó que "ni siquiera les han pagado a Santa Fe y San Luis con sentencia firme ni se han puesto de acuerdo cuánto le deben, en consecuencia, todos estos juicios son de gran magnitud y hay que ver cuándo terminan. Ahí es cuando el gobernador Gustavo Bordet dice que estos son temas que hay que llevar al Congreso. Habrá que hacer un nuevo pacto. Esto supera la magnitud del problema", consideró.
Por último, el fiscal de Estado refutó las expresiones de la gobernadora Vidal que sijo que "es el distrito que más aporta y el que menos recibe. Pero se olvidan de decir que el sistema de coparticipación no es un sistema de capitalización ni proporcional, sino que es solidario. Jujuy no tiene puertos, Jujuy no tiene aduanas, Jujuy no tiene riquezas, y no se puede medir con este argumento", ejemplificó.
