Este lunes, el juez Gervasio Labriola pronunció la decisión durante la audiencia de apelación pedida por la Fiscalía, a cargo de Gonzalo Badano. El juez negó la petición formulada por el abogado defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como “testaferro” de Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015, en el marco de la investigación penal en torno al supuesto delito de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público Fiscal había apelado la resolución que adoptó el juez de Garantías, Mauricio Mayer, al dar cabida parcial a una petición hecha por el abogado Ignacio Díaz, defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como “testaferro” del ex gobernador. La misma significaba el secuestro de cinco computadoras en los allanamientos que se practicaron el año pasado en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales SA -de Cardona Herreros el propio domicilio particular del empresario. Ambos domicilios en Buenos Aires.
El argumento de la defensa era que esa retención afecta garantías constitucionales, como el de poder ejercer la actividad comercial del empresario, ya que los equipos contienen información de contrataciones de Relevamientos Castratales SA, y además datos y fotos personales, algunas de índole familiar.
La petición de devolución de los equipos había sido negada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Gonzalo Badano. Mayer aceptó la devolución de un equipo, aunque insistió en retener las otras cuatro computadoras por contener material de prueba. El juez Mayer se pronunció a favor de mantener las computadoras en poder de la Justicia por tratarse de “instrumentos privilegiados” en el proceso de investigación. Fue lo que terminó resolviendo el juez Gervasio Labriola.
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