El empresario K volvió a ingresar al Penal de Ezeiza, donde estuvo desde el 20 de diciembre del año pasado hasta el 16 de marzo. El viernes, la Sala I de la Cámara de Casación penal, con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, ordenó la inmediata detención de los dueños del Grupo Indalo.
Así, después de entregarse en Gendarmería nacional, los dos acusados de defraudar al Estado por 8.000 millones de pesos al no pagar al fisco el impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), fueron trasladados después de la medianoche los penitenciarios federales.
Hacia las 20, Cristóbal López y Fabián De Sousa, se entregaron en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional acompañados de su abogado, Carlos Beraldi que según supo Clarín, presentará un recurso extraordinario.
López pasó la noche en Ezeiza. Este sábado le harán los exámenes médicos correspondientes y después se le asignará una celda definitiva. Podría ser la misma que ocupó hace poco más de un mes.
En ese penal se encuentra detenido también otro empresario K: Lázaro Báez. Además del ex funcionario Ricardo Jaime.
El socio
Fabián De Sousa en tanto, fue alojado en el Penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido Julio De Vido y el ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares.El traslado se realizó después de la medianoche a cargo del personal del servicio Penitenciario Federal. Los dueños del Grupo Indalo vuelven a integrar el IRIC, el programa para las personas detenidas en causas de corrupción.
López y De Sousa estuvieron en libertad sólo 42 días. La Cámara de Casación ordenó el viernes su “inmediata detención”, poniendo fin a la excarcelación que los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero les habían otorgado el 16 de marzo pasado.
Los camaristas Gustavo Hornos y Eduardo Riggi remarcaron que existen circunstancias "objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y De Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva", bajo la presunción de que "estos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga".
Se tuvo en cuenta además, la cantidad de causas que tienen los dueños de Indalo, que muestran "no sólo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad” que “no puede ser desatendida a la hora de evaluar el riesgo procesal”.
Junto a Ricardo Echegaray, los dueños de Indalo quedaron procesados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se les volvió a trabar a cada uno, un embargo por $ 17.000 millones. Así, se revocó la resolución de los jueces de la Cámara federal porteña -Jorge Ballestero y Eduardo Farah-, que lo excarcelaron y que esta semana dejaron sus respectivos cargos.
La causa
La causa que llevaron adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita investigó una "compleja maniobra defraudatoria" que le permitió al empresario K y a su socio, "desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles SA, que debían entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Los fondos se utilizaron “para financiar al grupo empresario denominado “Grupo Indalo”, remarcaron los camaristas que ordenaron la detención.La deuda generada con el fisco por no pagar el impuesto a los combustibles fue de $ 8.000 millones. A la fecha con intereses y punitorios y otras deudas generadas el último tiempo con la AFIP que dirige Leandro Cuccioli reclama al empresario K más de $ 20.000 millones. En la actualidad, Oil tiene en trámite el concurso preventivo y se analiza una posible venta a la firma Trafigura, de no concretarse irá a la quiebra.
