“Elige a las personas que van a decidir sobre la vida, la propiedad y el honor de los entrerrianos. Así de fácil”, define, en tono apasionado, Jorge D’Agostino, de pertenencia radical, ex miembro del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, exDiputado Nacional, profesor de Derecho Constitucional, asesor de la Convención Constituyente del 94 y presidente del Comité contra la Tortura.
D'Agostino tiene una mirada muy crítica del repentino esfuerzo reformista del gobierno entrerriano, que mete mano en la conformación y funcionamiento del Consejo. “Atrasa”, dice. También denuncia que los cambios conllevan “discriminación a las universidades privadas” y que en la nueva modalidad de exámenes “el concursante va a rendir un examen hecho por una persona que no es la misma que corrige, lo cual es antipedagógico, espeluznante”.
En diálogo con el programa Despertá con Nosotros por Oíd Mortales Radio y Radio 12, Jorge D’Agostino también cuestionó que, si se aprueba la reforma propuesta, habrá, por ejemplo, médicos eligiendo a representantes de docentes universitarios, cuando los poderes judiciales de la provincia y de todo el país están compuestos por abogados.
- ¿En qué radica la importancia del Consejo de la Magistratura? ¿Afecta su funcionamiento a la vida cotidiana de los ciudadanos?
- Es el órgano que elige las personas que van a decidir sobre la vida, la propiedad y el honor de los entrerrianos. Así de fácil. Cuando reprochamos el funcionamiento de la Justicia, no estamos reprochando solamente algunas leyes que no han promovido, agilizado, eficientizado, sino que también reprochamos a los operadores. Los que operan, los que concretan en los hechos las normas jurídicas, son los jueces.
En Entre Ríos, hace 20 años se instaló el Consejo de la Magistratura. Primero fue por decreto del gobernador Jorge Busti. Luego, en 2008, se lo incorporó con rango constitucional y la Constitución le dio las funciones de seleccionar a las personas que iban a juzgar, a ser fiscales y defensores. Y hasta ahora el Consejo ha funcionado bien. Quiero recalcar esto.
- Y si funciona bien, ¿por qué lo quieren cambiar?
- No sé. Yo lo quiero al Consejo de la Magistratura y creo que es un paso fundamental que dio Entre Ríos en la selección de sus jueces. Antes los elegía de forma directa el gobernador con acuerdo del Senado. Ahora se eligen a través de concursos, exámenes, oposición, en donde, cuando termina ese concurso, de los tres primeros surge el juez que va a ocupar el cargo vacante o recién creado. Pero esta reforma que se pretende introducir ahora en Diputados atrasa.
- ¿Por qué atrasa? Entiendo que quedó descartada la pretensión de sumar representantes del poder político.
-Sí. Gracias al esfuerzo que hemos hecho, el gobierno ha retrocedido en su pretensión de ampliar a 13 los miembros del organismo. Quitó los dos que intentaba meter y retrocedió por la lógica de los argumentos. No hubo acá un planteo opositor por la oposición misma. No. Las universidades están en contra, salvo las que eventualmente puedan ser beneficiadas, como UADER y UNER. Discrepan con el proyecto reformista la UCA, UCU, UNL. Están en contra también otras organizaciones que forman parte del Consejo.
Recordemos que el Consejo está integrado por representantes de distintos estamentos: jueces, abogados, empleados judiciales y universidades. Y el único representante del poder político, que preside el Consejo, es el Secretario de Justicia de la provincia.
- Si el gobierno retrocedió en su pretensión de sumar dos miembros más, si permanecería en 11 el total, ¿cuáles son los cambios que siguen en pie y por qué, a su entender, atrasan?
- Hay otras reformas que atrasan. Hasta hoy, el estamento académico se compone de profesores de universidades que tienen facultad de derecho. Entre ellas, la UNL, la UCA y la UCU. Ahora, se pretende que ya no sean de facultades de derecho, sino que sean abogados profesores de cualquier facultad que tenga materias de derecho y a esos profesores los designa el Consejo Superior de la Universidad respectiva. Hoy no es así, se va a elección en donde compiten los interesados. Y aclaremos que es un cargo ad honorem.
Pero, además, en la actual composición hay tres representantes de docentes de universidades, que no estaban discriminadas. Pero con la reforma, están discriminando. ¿Qué discriminan? Creo que es una discriminación negativa basada en aspectos ideológicos que tratan de reducir la calidad de las universidades privadas. Ya lo he visto antes. Cuando se le quita a la UCA o a la UCU contar con la misma cantidad de representantes que las demás universidades, se está diciendo algo. ¿Cuál es la razón? Una universidad pública está aprobada por la CONEAU y por el Consejo Interuniversitario Nacional. Y las privadas también tienen las mismas aprobaciones. Unas y otras emiten títulos de abogado de la misma calidad y los jueces que están hoy en el Poder Judicial han surgido tanto de públicas como privadas. Sin embargo, el proyecto de modificación retrograda a la universidad privada, sin ningún argumento. No hay argumento para decir que las universidades privadas tengan menores condiciones para seleccionar los jueces que surgen del Consejo de la Magistratura.
- ¿Cómo quedan entonces UCA y UCU de aprobarse la reforma?
- No tendrían más un representante directo. UADER y UNER van a tener las posiciones aseguradas. Y entre UCA y UCU van a tener que ir sustituyéndose porque solamente le permiten un delegado.
Pero aún falta lo peor de la reforma.
- ¿De qué se trata?
- El sistema de exámenes se cambia. Hasta hoy se designaban jurados, abogados, académicos, de cualquier lugar del país, se les pagaba un honorario y venían a Entre Ríos a tomar el examen. El examen es anónimo. No tiene nombres sino un código, para que el jurado, cuando corrija, lo haga con imparcialidad. Esos exámenes eran confeccionados por los mismos jurados. Ahora no, ahora, reforma mediante, serán confeccionados por terceros, puede ser el Tribunal de Cuentas, el Superior Tribunal de Justicia, el Colegio de Abogados. Esos exámenes se van a poder conocer de antemano, como si uno conociera las preguntas antes de rendir. Y, una vez que se publiquen esos exámenes, van a formar parte de un banco de casos.
O sea, el concursante va a rendir un examen hecho por una persona que no es la misma que corrige. Es antipedagógico, espeluznante. En derecho no hay matemáticas, no es la facultad de ingeniería. No es una fórmula estricta que no se interpreta. Todo es interpretable en derecho. Entonces, el concepto con el que se elabora el examen es diferente que el concepto para evaluar. Esto es catastrófico desde lo pedagógico y totalmente retrógrado desde el punto de vista de la independencia, porque los exámenes van a poder circular por toda la provincia. Si son 100 exámenes, me los aprendo de memoria y uno de esos me va a tocar. Eso es muy malo.
-¿Hay algún otro cuestionamiento?
- Sí. Todos los jueces, todos los integrantes de los poderes judiciales del país son abogados. Estudiaron abogacía en facultades de derecho. Sus profesores son todos abogados, filósofos o politólogos. Pero las personas que van a representar a las universidades pueden ser designadas por médicos.
-¿Cómo es eso?
-Si la UADER tiene un candidato de Ciencias de la Salud, que es abogado, que da Normas Jurídicas a los universitarios de Ciencias de la Salud, a ese único candidato lo va a designar el Consejo Superior de la UADER, en donde puede haber médicos y no necesariamente tiene que haber abogados. Ellos lo van a designar y no ya a través del voto democrático. Esto también deteriora la fortaleza de la lógica en la ciencia de la selección de los jueces, en la búsqueda del perfil independiente. Es lamentable.
- ¿LA UADER es tan autónoma del poder político como la UNER, por ejemplo? ¿O tiene algún grado de dependencia del ejecutivo provincial?
- No tiene la autonomía de la que estamos acostumbrados a hablar. Ya hubo una oportunidad en la cual el gobierno se la quiso sacar de encima a la UADER y mandarla a la Nación. La UADER tiene autonomía para designar sus órganos de control, organizar sus centros de estudiantes, de establecer sus reglas internas de organización institucional, pero la asistencia económica del gobierno está presente permanentemente. Porque no tiene presupuesto.
En las universidades nacionales, el gobierno, del presupuesto destina una cantidad de dinero y distribuye entre las universidades nacionales y con eso se tienen que arreglar. En la UADER tienen asistencia económica de la provincia.
