El debate comenzó hace unas tres semanas en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, compuesto por los jueces Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López. Frente a ellos pasó una veintena de testigos entre gendarmes y civiles, quienes refirieron al procedimiento por el cual se permitió desbaratar la transacción de 995 gramos de cocaína de alta pureza por 149.000 pesos. La prueba producida en el debate, también permitió conocer cómo fueron las tareas de inteligencia e investigación que llevó adelante la Gendarmería Nacional, con asiento en la ciudad del sur entrerriano.
El veredicto se dio a conocer este jueves alrededor de las 16:30. Además de las condenas de cárcel, se ordena el decomiso de tres vehículos utilizados para cometer el ilícito: una camioneta Amarok 4x2; un Peugeot 207 y una camioneta Hyundai Galloper. Asimismo, se dispuso la confiscación de más de 170 mil pesos. Quedó probado que los rodados eran utilizados para la venta de cocaína de altísima calidad, y el dinero era producto del negocio.
Las penas
El fiscal general José Ignacio Candioti acompañado por el fiscal Adjunto Leandro Ardoy alegaron desde las 10 de la mañana hasta el mediodía de este jueves. Ambos dieron por acreditados los hechos que llegaron a juicio, refirieron a los vehículos utilizados, al lenguaje encriptado en las conversaciones telefónicas que mantenían los imputados entre ellos, y a los sucesivos encuentros entre los cuatro para ejecutar los pasamanos de droga.Candioti se encargó de desagregar con detalles cómo fue la investigación de los gendarmes. Defendió las intervenciones telefónicas, las tareas de vigilancia y seguimiento que permitieron destrabar la continuidad del delito con un operativo en realizado octubre de 2016. El fiscal también enumeró cómo sucedieron los acontecimientos, y qué encontraron en el operativo principal y los allanamientos casi simultáneos que se realizaron en Gualeguaychú. Repasó uno por uno los testimonios producidos en el juicio oral y leyó con detenimiento varios mensajes de texto y conversaciones telefónicas entre los individuos.
La reconstrucción de los hechos le permitió arribar a conclusiones sobre los vínculos y roles establecidos en el grupo y sobre la propiedad de los teléfonos utilizados, por donde pactaban los encuentros para la comercialización.
Por su parte, Ardoy se encargó de explicar cómo se configuran los agravantes del delito. Señaló que la concurrencia de tres o más personas que se organizan para cometer el ilícito es uno de los puntos considerados al momento de pedir penas, al igual que la organización de funciones o mandos y el conocimiento que cada uno de ellos tenía sobre el rol del resto. “Todo lo descripto hasta acá, quedó plasmado con el operativo y posterior secuestro, la hipótesis de la investigación quedó probada con ese procedimiento final que dio positivo”, dijo.
Por último los fiscales reclamaron que Kreick sea sentenciado a 7 años de prisión; Bisogni y Queirolo sean condenados a 6 años y medio cada uno; y Arévalo sea castigado con 5 años de cárcel por ser partícipe secundario de la comercialización de droga. Las penas que otorgaron los jueces fueron casi idénticas.
Los pedidos de las defensas
Todos los defensores apuntaron supuestas nulidades en la investigación que finalmente no fueron consideradas por los jueces.Primero fue el turno de José Ostolaza en representación de Bisogni. El abogado dijo que nunca pudo demostrarse la participación de su defendido en el ilícito. Apuntó a las sospechas que permitieron iniciar la investigación y cómo se llevó adelante la pesquisa. Por eso y también cuestionó al gendarme Luis Leandro Tajes, que estuvo a cargo de toda la investigación. “A Bisogni le endilgaron un teléfono que no le correspondía”, abogó y de ese modo cargó responsabilidad sobre otro de los imputados: Queirolo. “Sabemos que los informes de muchos servidores públicos no se ajustan a la realidad”, deslizó casi al finalizar su alocución. Luego pidió por la absolución de su defendido, por beneficio de la duda, y agregó que en caso de existir condena, que sea por comercio simple.
Continuó el abogado Pablo Di Lollo en representación de Jorge Kreick y Arévalo. El alegato del defensor también partió de presuntas nulidades. Dijo que la investigación había quedado en el estadio de las hipótesis y que no se había logrado prueba. Criticó el requerimiento de elevación a juicio por ser “endeble” y estar “plagado de lagunas probatorias”. “Hay dos hipótesis en conflicto y un cúmulo de lagunas probatorias”, cuestionó y advirtió: “Esto lesióna el derecho de defensa. Hay falta de seriedad del Estado para investigar y se carga eso sobre los imputados”.
Los abogados Agustín Vizcarra y Sebastián Arrechea, en tanto, defendieron a Queirolo y cargaron responsabilidades sobre el imputado Bisogni. “A veces se está en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, pronunció el primero de ellos y asentó: “Mi cliente es inocente”. Su compañero, Arrechea, pidió la absolución por beneficio de la duda y reafirmó la responsabilidad de Bisogni. Por ultimo solicitó que si Queirolo “es condenado sea por participación secundaria”.
Finalmente, ninguno de estos pedidos fueron considerados por los jueces en el veredicto.
La investigación
Las sospechas de los gendarmes comenzaron a raíz de un caso de proxenetismo a cambio de cocaína: se compraba droga y se pagaba con los servicios sexuales de una menor de edad. Los agentes de Gualeguaychú decidieron investigar a Kreick como supuesto vendedor de estupefacientes a cambio de consumir prostitución. Intervinieron el celular del imputado y comenzó la pesquisa por narcotráfico. Tuvieron bajo vigilancia a un kiosco, propiedad de Kreick, que era utilizado como pantalla para la venta al menudeo.Las intervenciones telefónicas dieron cuenta de una comunicación encriptada entre los imputados: hablaban de “carne”, “asado” y “leña”. La mayoría de los encuentros para concretar esas transacciones eran en lugares públicos muy concurridos como supermercados, el Parque Unzué, o en la vía pública en la mayoría de los casos. En otras ocasiones, en cambio, se citaban en domicilios privados. Los gendarmes registraron encuentros el 8 de agosto; el 27 de septiembre; el 28 de septiembre; el 13 de octubre; el 18 de octubre; y el 24 de octubre de 2016, el día del procedimiento.
Además, los agentes observaron movimientos en el Lubricentro GM de Gualeguaychú; y reconocieron varios vehículos entre los que había una camioneta Amarok; una Hyundai Galloper; y un Peugeot 207 color negro.
A partir de tareas de vigilancia, pudieron establecer que los vínculos se daban entre Kreick y Arévalo –a quien el primero le dio la Hyundai Galloper y la puso a su nombre–; y a su vez Arévalo se comunicaba con Bisogni y Queirolo.
El día del procedimiento, los gendarmes consiguieron una orden de allanamiento en un domicilio privado, donde se había pactado la venta de 1 kilo de cocaína por 150.000 pesos. En el lugar fueron sorprendidos tres imputados. Hallaron una caja marrón que en su interior contenía un ladrillo de cocaína envuelto en una bolsa –que pesó 995 gramos–, y 144.900 pesos. Por otro lado, Kreick fue apresado casi en simultáneo en su domicilio particular, como promotor de la comercialización, aunque no participaba de las transacciones dadas entre los otros tres imputados.
