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El avance en la aprobación de las habilitaciones ambientales que permitirán a UPM instalar su segunda planta de celulosa en Uruguay ha quedado trunco imprevistamente. Al menos por ahora.

La corporación finlandesa rechazó la propuesta efectuada por el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez en relación a la “prevención de conflictos laborales” durante la etapa de construcción de la futura pastera a orillas del río Negro.

La postura de Botnia vino de lo más alto del vértice de la corporación. El pasado 26 de abril en Helsinki, Jussi Pesonen, Presidente y CEO de la empresa, durante la presentación del I Reporte Financiero Trimestral 2019 ante los accionistas de la corporación, se refirió a la posible construcción de la nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay y dijo: “Si bien se han logrado avances alentadores en muchas áreas, varias condiciones importantes establecidas en el acuerdo de inversión aún están pendientes. Los protocolos laborales, la regulación de la mitigación de conflictos y ciertos elementos importantes especificados en el acuerdo de inversión son todos críticos para UPM. Deben cumplirse antes de que sigamos adelante”.

En el punto 3.6.10 del Acuerdo firmado entre el Gobierno uruguayo y Botnia el 7 de noviembre de 2017, la corporación dejó expresa constancia que el resultado de las negociaciones en el ámbito de solución de conflictos laborales podrá constituir una causal para que no construya la pastera si no es “plenamente satisfactorio” a sus requisitos.

Fue así que desde fines de 2017, representantes del Ministerio de Trabajo del vecino país, dirigentes sindicales del PIT-CNT y directivos de Botnia, se han reunido para discutir los denominados protocolos de “prevención de conflictos” exigidos por Botnia para evitar demoras en la obra por huelgas u ocupaciones.

Dicho sin eufemismos: Limitar y/o eliminar el derecho a llevar adelante medidas de fuerza por parte de los trabajadores de los gremios de la construcción, metalúrgicos, transporte y otros, que intervienen en las obras.

En febrero pasado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social uruguayo elaboró un proyecto de resolución que implicaba instalar dos oficinas del Ministerio de Trabajo en Pueblo Centenario para intervenir en los posibles conflictos laborales, crear una comisión de seguimiento de la obra, adoptar el procedimiento de prevención de conflictos de la industria metalúrgica y de la construcción en el Consejo de Salarios y un ámbito de arbitraje integrado por cada parte y de esa forma “no generar procedimientos complejos que resulten ajenos al estatuto laboral que exhibe nuestro país”. Además el documento sostiene que la concreción de los objetivos fijados en esa cláusula debe ser facilitada “mediante la aplicación de la normativa referida y el uso de las herramientas institucionales con las que cuenta el país”.

La instalación en el futuro obrador de la planta de una oficina permanente de la Dirección Nacional de Trabajo y otra de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social establecía la posibilidad de “comunicarse directamente con las jerarquías” del Ministerio para realizar el seguimiento diario “interviniendo directa e inmediatamente en las diferencias, conflictos o consultas con el objeto de resolverlas en el menor tiempo posible”.

Asimismo la creación de una Comisión Tripartita de Seguimiento de la obra tendría el fin de “garantizar las herramientas de mediación y conciliación en los conflictos que puedan generarse en las empresas proveedoras de los bienes y servicios, con la participación directa de los jerarcas de los órganos y organismos con competencia en la materia”.

Pero todo esto fue rechazado de plano por Botnia, por lo cual las partes “siguen conversando y haciendo esfuerzo por llegar a algo aceptable”, según señaló una fuente al tanto de la negociación.

Pese a la clara postura esbozada por el CEO de Botnia, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García que es el máximo negociador uruguayo con los finlandeses no pudo desmentir la negociación con los finlandeses se ha complicado sorpresivamente.

Este jueves por la mañana, en declaraciones radiales García expresó que “se vienen hablando de todos los aspectos en relación con el proyecto y siempre en esas conversaciones hay puntos de vista de la empresa que son aceptable y otras veces no. En relación al tema de la prevención de conflictos laborales, esto aún no está cerrado. Durante todo este tiempo han sido rechazadas un montón de propuestas pero seguimos siendo optimistas”.

Cuando se le preguntó si había algo en lo que UPM “no transa” a la hora de decidir instalar su segunda pastera, García respondió: “Eso se verá en su momento, el Estado uruguayo puede ir hasta donde tiene que ir, que es su Constitución y sus leyes y vamos a ser respetuosos de todo lo que nuestro país ha construido en materia de legislación laboral”.

Cuando se le insistió sobre si Uruguay no iba a aceptar lo exigido por Botnia y no permitir que se limite el derecho a huelga, García se escabulló como pudo: “No quiero avanzar más sobre esta cuestión y esperaría, permítanme mantener un perfil bajo en este asunto”.
Fuente: Semanario Búsqueda - Radio Uruguay

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