Detalles de la presentación judicial
El planteo se hizo ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que concedió el recurso y lo envió a la Cámara de Casación Penal de Concordia, y está dirigido contra el veredicto que dictó un jurado popular el 12 de agosto último por considerar que el mismo «es arbitrario y se aparta manifiestamente de la prueba producida en debate». A la vez, se pide la declaración de inconstitucionalidad del artículo 89° de la Ley N° 10.746 de Juicios por Jurados. El escrito, que firtma el fiscal de Coordinación de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi, sostiene que «la prohibición» al Ministerio Público Fiscal o a la víctima «de recurrir el veredicto de no culpabilidad del jurado popular y la sentencia absolutoria que cierra definitiva e irrevocablemente el proceso y la persecución penal afecta el debido proceso» por cuanto «veda la posibilidad de revisión de un fallo dictado por una autoridad jurisdiccional».«Inicialmente aclaramos que el recurso de casación articulado no se funda en una mera discrepancia con la decisión adoptada; nos agraviamos por entender que el jurado popular, como juez de los hechos, ha concluido en un veredicto absolutorio que manifiesta y objetivamente se encuentra alejado de todo razonamiento lógico en base a la prueba producida y la posición de la partes en el debate, lo cual torna a la decisión adoptada en arbitraria», dice el escrito que también firman el fiscal Federico Uriburu y la víctima denunciante, Daiana H. Al respecto, señala que «el veredicto recaído no constituye una derivación lógica de la prueba producida en el debate -objetiva y subjetiva – ni se condice con el alegato final defensivo direccionado exclusivamente en su centralidad a desvincular al imputado de la calificación jurídica más grave atribuida en concurso real. No se cuestionó la materialidad de los hechos, las lesiones ni privación ilegítima de la libertad».
Luego, agrega: «Estamos convencidos que la merituación racional, lógica y con con perspectiva de género de las evidencias incorporadas en plenario conducen a la condena del imputado Cervín».
«El veredicto de no culpabilidad del jurado será obligatorio para el juez director y hará cosa juzgada material, concluyendo definitiva e irrevocablemente el procedimiento y la persecución penal en contra del acusado. Contra el veredicto de no culpabilidad y la sentencia absolutoria correspondiente no se admite recurso alguno, salvo que el acusador demuestre fehacientemente que el veredicto de no culpabilidad fue producto del soborno, o de los delitos de coacción agravados, o secuestros extorsivos u otras graves intimidaciones que ejercieron una coacción sobre el o los jurados, que hubiesen determinado el veredicto absolutorio. Tampoco se admitirá recurso alguno contra la sentencia absolutoria dictada por el juez ante un jurado estancado», dice la ley de Juicios por Jurados.
Según esa ley, no cabría una revisión a lo dictaminado el 12 de agosto por el jurado popular reunido en el Club Talense, de Rosario del Tala, para juzgar a Carlos José Cervín, 35 años, que fue juzgado mediante un proceso de juicio por jurados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y lesiones, y lesiones leves calificadas por mediar violencia de género, finalmente declarado «no culpable».
